URUGUAY – Este miércoles, el Senado de Uruguay aprobó con amplia mayoría la ley denominada “Muerte Digna”, que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, convirtiéndose en pionero en América Latina. La votación fue de 20 votos a favor sobre 31 parlamentarios presentes. La norma permite la muerte asistida de manera legal y añade a Uruguay a la lista de países como Canadá, Países Bajos y España que cuentan con leyes semejantes. El proceso legislativo se extendió más de diez horas de debate, donde los legisladores reconocieron tratarse de uno de los temas más difíciles de sus carreras políticas.
El momento de celebración se vio interrumpido brevemente por un grito de “asesinos” lanzado por uno de los asistentes a las gradas, que cortó los aplausos y abrazos de quienes apoyaban la ley. A pesar de este episodio, la mayoría expresó su satisfacción por la aprobación. Florencia Salgueiro, activista a favor de la eutanasia, comentó a la AFP que sentía alivio y alegría, recordando la lucha de su padre con ELA, que murió sin poder recibir asistencia para terminar su vida cuando la enfermedad le hacía la existencia insoportable.
La votación fue seguida desde las gradas por Beatriz Gelós, paciente con ELA y activista destacada por la ley. Con voz entrecortada y en silla de ruedas, Gelós expresó que la norma le daría una paz impresionante. Destacó que la ley es compasiva, humana y bien redactada, reflejando la necesidad de garantizar derechos para quienes sufren enfermedades terminales. Uruguay consolida así su tradición de legislar sobre temas liberales, sumando la eutanasia a otros avances como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
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Garantías y requisitos de la ley
La norma establece que los pacientes deben ser mayores de edad, ciudadanos o residentes, con capacidad psíquica, padecer una enfermedad incurable o terminal, y sufrir dolores insoportables que afecten la calidad de vida. Además, deberán pasar por instancias previas antes de expresar su voluntad por escrito, garantizando un proceso seguro y regulado.
El oficialista Daniel Borbonet calificó la ley como un texto sólido que ofrece seguridad jurídica, mientras que Pedro Bordaberry de centroderecha advirtió que podría fomentar la muerte asistida. El Colegio Médico acompañó el proceso sin emitir postura oficial, asesorando para proteger a pacientes y médicos. Por su parte, la Iglesia católica y más de diez organizaciones expresaron tristeza y rechazo, señalando riesgos en la redacción. La reglamentación posterior por parte del Ejecutivo será clave para ofrecer certezas y garantías adicionales a todos los involucrados.
Uruguay, una nación laica y referente en derechos civiles, marca así un hito histórico en América Latina, ofreciendo a sus ciudadanos la posibilidad de decidir sobre la muerte digna y consolidando su camino hacia legislaciones progresistas y respetuosas de los derechos humanos.
