La crisis política entre Perú y México escaló este viernes tras la decisión del Poder Judicial peruano de ordenar la captura internacional de Betssy Chávez, ex primera ministra y figura clave en el proceso que investiga el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. La medida fue anunciada junto con la decisión de imponer cinco meses de prisión preventiva, mientras la exfuncionaria permanece refugiada en la embajada mexicana en Lima. El caso vuelve a tensar el clima político regional. La orden, según la resolución judicial, responde a la necesidad de asegurar la presencia de Chávez en el juicio. El peligro de fuga fue considerado evidente por el magistrado, quien también subrayó el riesgo de que el proceso se vea frustrado.

El anuncio tomó fuerza en un contexto ya complejo. Perú rompió relaciones diplomáticas con México, al considerar que el asilo otorgado por el gobierno mexicano constituye una interferencia en asuntos internos del Estado peruano. Esta disputa bilateral se intensificó tras conocerse que Chávez lleva más de dos semanas dentro de la residencia diplomática, a la espera de un salvoconducto que el Ejecutivo peruano no está dispuesto a conceder. El caso tiene implicaciones jurídicas y geopolíticas. Según la Fiscalía Suprema Anticorrupción, la exjefa del gabinete enfrenta cargos por rebelión y, de manera alternativa, conspiración, delitos que podrían derivar en una pena de hasta 25 años de prisión.

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Tensión diplomática y antecedentes del caso

La llegada de Betssy Chávez a la embajada de México el 4 de noviembre reactivó los roces entre ambos gobiernos. Las autoridades peruanas han insistido en que el asilo es improcedente, mientras que México sostiene que la protección es legítima. Además, la relación bilateral ya venía deteriorándose desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, cuando México otorgó refugio a la esposa e hijos del exmandatario. Desde entonces, ambos países retiraron a sus embajadores. La Presidencia peruana también anunció su intención de promover una revisión regional a las normas de asilo diplomático. Estas tensiones llevaron a un intenso debate sobre el alcance de la inmunidad diplomática frente a decisiones judiciales internas. El caso Chávez reaviva discusiones sobre soberanía, justicia y protección internacional.