Ayer, I.M.P., de 21 años, compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Aruba en el marco del caso Last Call, que involucra el asesinato de Sayuri Petronia. El hecho ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando la niña fue asesinada por un disparo con arma de fuego. El tribunal busca definir si juzgará al sospechoso bajo el Código Penal de Menores o de Adultos, tras varias apelaciones y decisiones judiciales previas. La audiencia de ayer se centra específicamente en resolver la aplicación de la pena, considerando la gravedad del crimen, el riesgo de reincidencia y la protección de la comunidad arubeña.

El caso Last Call ha marcado profundamente a la familia de Sayuri y a la comunidad local, quienes han seguido de cerca cada resolución judicial. Su padre ha participado activamente en medios y anuncios públicos para visibilizar la tragedia y expresar su dolor, insistiendo en que cualquier condena debe reconocer el daño causado. El Ministerio Público respalda la importancia de garantizar que la familia reciba respeto y consideración, destacando que la decisión judicial tiene objetivos de justicia y de venganza, entendida como el reconocimiento del daño sufrido por la comunidad.

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Historial judicial y debate sobre la pena

P., siendo menor de edad, cometió el asesinato. En 2022, el tribunal lo condenó excepcionalmente bajo el Código Penal de Adultos, imponiéndole 9 años de prisión y la pena de muerte por homicidio, múltiples intentos de homicidio, robo con violencia y amenazas. Sin embargo, en 2023, el Tribunal Superior aplicó estrictamente el Código Penal de Menores, imponiéndole 4 años de detención juvenil y medidas de protección penal. El Ministerio Público recurrió la decisión ante el Tribunal de Casación, alegando que la combinación de penas estaba prohibida por la ley. En 2024, el Tribunal de Casación revocó parcialmente la decisión, dejando pendiente la cuestión del tipo de pena que debe aplicarse hoy.

Además, la audiencia actual considera la personalidad del sospechoso, ya que padece un trastorno grave que provoca conducta violenta y un alto riesgo de reincidencia. La ausencia de tratamiento forense especializado obliga a que la pena de prisión por sí sola no sea suficiente, y Aruba carece actualmente de medidas como TBS o PIJ, lo que desafía la seguridad comunitaria. Por ello, el Ministerio Público sostiene que P. debe recibir una pena de 8 años de prisión combinada con TBS e internamiento obligatorio, garantizando que la justicia sea proporcional y preventiva.

El Tribunal Superior de Justicia se pronunciará finalmente el 17 de diciembre de 2025, concluyendo un proceso legal que ha mantenido a la sociedad arubeña pendiente del caso y del resultado que determine justicia y protección para la comunidad.