En un giro de fuerte impacto migratorio, Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes provenientes de 19 países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití. La medida fue comunicada mediante un memorando oficial divulgado el martes y responde a la intensificación de la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump. La orden afecta a ciudadanos que ya estaban sujetos a restricciones de viaje en junio y deja en suspenso incluso a quienes habían completado el examen de ciudadanía. Expertos advierten que la decisión coloca a muchas personas en un limbo legal, retrasando sus casos en momentos críticos de su proceso migratorio.
Entre los países afectados también se encuentran Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen. La paralización de “green cards” y procesos de ciudadanía se realiza tras incidentes recientes de seguridad, incluidos ataques a miembros de la Guardia Nacional en Washington. Aaron Reichlin-Melnick, investigador senior del American Immigration Council, explicó que “incluso personas que pasaron por completo el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta”. Además, el memorando insta a realizar una revisión exhaustiva de ciudadanos llegados después del 20 de enero de 2021, generando incertidumbre en miles de familias.
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Reacción y medidas futuras
El gobierno de Trump defendió la decisión argumentando la necesidad de proteger la seguridad nacional y prevenir la entrada de personas vinculadas con delitos graves. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, propuso ampliar la lista de países restringidos, calificando a algunos migrantes como “asesinos, sanguijuelas y adictos”. Asimismo, se espera que en los próximos días se ejecute una operación de control migratorio en Minnesota, enfocada en ciudadanos somalíes, provocando la oposición de autoridades locales. La medida ha generado un debate sobre los límites de la política migratoria y su impacto humanitario, particularmente para quienes huyen de crisis políticas, económicas y sociales en sus países de origen.
