La confirmación oficial sobre la muerte del opositor Alfredo Díaz desató una ola de cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela. El dirigente estaba detenido desde noviembre de 2024 en el Sebin, acusado de cargos de terrorismo e instigación al odio. Su fallecimiento, atribuido por el Gobierno a un infarto, elevó nuevamente las denuncias sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos en el país. El Ministerio para el Servicio Penitenciario aseguró que Díaz recibía garantías jurídicas, aunque la oposición rechaza esa versión.
La reacción más dura vino de su familia. Su hija, Daliannys Díaz, afirmó que desde el momento de la detención advirtió que su padre necesitaba tratamiento médico, pero, según dijo, sus advertencias fueron ignoradas. En un video difundido en TikTok denunció que él sufría desmayos, falta de oxígeno, dolores en el pecho y convulsiones durante su reclusión. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que el deterioro de su salud se agravó por el aislamiento impuesto. Díaz fue gobernador de Nueva Esparta entre 2017 y 2021, y es el sexto opositor muerto bajo custodia desde 2024.
La comunidad internacional también reaccionó con fuerza. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el caso como otro ejemplo de la “vil naturaleza” del gobierno de Nicolás Maduro, subrayando que Díaz fue detenido “arbitrariamente” en el centro conocido como El Helicoide. La declaración llegó en un momento de creciente presión militar estadounidense, con una flotilla en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo. Caracas aseguró que estas maniobras buscan “derrocar” al mandatario venezolano.
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Escalada de denuncias tras la muerte del exgobernador
El fallecimiento de Díaz también reavivó críticas dentro de la oposición. María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad y recibió recientemente el Premio Nobel de la Paz, afirmó que esta muerte forma parte de una “cadena alarmante” de fallecimientos ocurridos desde las elecciones de julio de 2024. Machado y Edmundo González Urrutia apuntaron que los casos comparten patrones como la negación de atención médica, aislamiento y condiciones inhumanas. Para ambos líderes, lo ocurrido evidencia un sistema de represión sistemática.
Las organizaciones especializadas en la defensa de presos políticos plantearon cuestionamientos adicionales. El abogado Gonzalo Himiob, del Foro Penal, aseguró que el juicio de Díaz estaba paralizado y que el gobierno impuso un defensor público, pese a que su familia había designado representación legal. El director de la ONG, Alfredo Romero, recordó que desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo custodia del Estado, lo que considera una estrategia de intimidación. Según su más reciente recuento, Venezuela mantiene actualmente al menos 887 presos políticos, número que sigue siendo motivo de alarma para la comunidad internacional.
