La Parlamentaria Shailiny Tromp-Lee, de la Fracción MEP, volvió a encender las alarmas ante la inminente entrada en vigor del salario mínimo por hora y del salario mínimo juvenil (Jeugdminimumloon), prevista para el 1 de enero de 2026. A pocas semanas de la fecha, la parlamentaria asegura que el silencio del Gobierno y la falta de preparación oficial generan preocupación profunda. El país se acerca a un cambio laboral crucial; sin embargo, la ausencia total de comunicación oficial mantiene a trabajadores y empleadores en completa incertidumbre.
La legisladora recordó que el Parlamento aprobó el 1 de septiembre de 2025 la ley que introduce el salario mínimo por hora, una decisión que obtuvo apoyo unánime. El respaldo político fue contundente, pero, según Tromp-Lee, una reforma de este calibre requiere un plan de trabajo administrativo claro, un diseño legal preciso y, especialmente, una estrategia comunicacional robusta. La parlamentaria afirma que nada de eso ha ocurrido: no existe campaña pública, ni materiales informativos, ni lineamientos operativos para orientar a los sectores involucrados.
Lea también: Aruba anuncia aumento de pensiones y posible reducción de prima
Falta de información y ausencia de respuestas
La parlamentaria señaló que desde octubre de 2025, y nuevamente en diciembre del mismo año, envió preguntas formales al ministro Cicilia, solicitando detalles sobre varios puntos esenciales. Entre ellos: el estado del decreto Landsbesluit, el plan de trabajo integral para implementar el salario mínimo juvenil, la base técnica del porcentaje del 70% mencionado oficialmente y el programa de control del Departamento de Trabajo. Tromp-Lee recordó que todas estas inquietudes surgieron porque la moción aprobada por unanimidad exigía medidas de implementación necesarias para evitar efectos negativos como alzas de precios o despidos. Hasta hoy, señala, no ha recibido ni una sola respuesta oficial.
“Un mes y medio después, seguimos sin contestación“, afirmó la parlamentaria, calificando la situación como inaceptable. Shailiny sostiene que no se puede dejar todo para último minuto. La comunidad, insiste, merece claridad, y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar una transición ordenada. Según la parlamentaria, guardar silencio no solo irrespetó al Parlamento, sino también a la ciudadanía, que será directamente afectada por la reforma
Debido a esto, Tromp-Lee exigió que el Ministerio rinda cuentas de inmediato y presente un plan de comunicación e implementación que asegure que la introducción del salario mínimo por hora y del salario mínimo juvenil se cumpla correctamente desde el 1 de enero de 2026. “Nuestros trabajadores merecen claridad“, concluyó.
