Estados Unidos anunció este martes la clasificación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una decisión que modifica el enfoque internacional sobre el mayor cartel colombiano. El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, en un contexto marcado por operaciones militares antidroga en el Caribe y el Pacífico oriental.
La medida se conoce mientras el gobierno de Gustavo Petro mantiene conversaciones con esa estructura armada para explorar un posible proceso de desarme. Washington considera que el grupo cumple criterios de terrorismo por su violencia sistemática y alcance transnacional.
Según autoridades estadounidenses, el Clan del Golfo participa activamente en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, usando rutas marítimas vigiladas por inteligencia militar. Las recientes operaciones dejaron al menos 95 personas muertas, de acuerdo con cifras oficiales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para frenar campañas de violencia. También afirmó que el objetivo central es negar financiación y recursos a organizaciones criminales transnacionales.
La clasificación permitirá ampliar sanciones económicas, bloqueos financieros y mecanismos de cooperación internacional contra la estructura armada. Una decisión que podría impactar los esfuerzos de negociación adelantados por Bogotá.
El Clan del Golfo se autodefine como un actor político y ha reclamado un trato similar al de guerrillas. Sin embargo, Estados Unidos lo considera exclusivamente una organización criminal dedicada al narcotráfico. De acuerdo con el gobierno colombiano, el grupo tiene actualmente entre 6.000 y 7.000 integrantes distribuidos en varias regiones del país. Su influencia territorial ha sido uno de los principales retos de seguridad interna.
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Diálogos, tensiones y escenario regional
La decisión estadounidense ocurre días después de que Colombia y el Clan del Golfo acordaran en Catar continuar conversaciones, el propósito era avanzar hacia la pacificación de territorios bajo control del grupo. Desde 2022, Petro impulsa una política de diálogo con actores armados tras el acuerdo de paz de 2016. Esta estrategia ha generado tensiones con Washington, ya que la administración de Donald Trump ha sido crítica del mandatario colombiano e incluso ha impuesto sanciones. Rubio ha calificado públicamente a Petro con términos despectivos.
Petro, por su parte, ha cuestionado la política migratoria estadounidense y las deportaciones masivas. El nuevo escenario abre interrogantes sobre el futuro de los diálogos y la cooperación bilateral en seguridad.
