En la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, los presos enfrentan condiciones extremas. Superpoblación, aguas negras desbordadas y escasa atención médica configuran la vida diaria de los internos, mientras decenas mueren a causa de enfermedades evitables y la violencia interna.
Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, cerca de 600 reclusos han fallecido este año por tuberculosis y falta de cuidado, una situación que refleja el colapso del sistema penitenciario. Los familiares de los presos muestran su desesperación frente a los recintos y denuncian que sus seres queridos sufren abandono, maltrato y condiciones inhumanas que atentan contra sus derechos fundamentales.
Benigna Domínguez relató la muerte de su hijo Santiago Hidalgo, de 29 años, quien permaneció siete meses detenido sin sentencia y nunca recibió visitas. Su hijo falleció de tuberculosis y cuando llegó a la morgue, lo encontró sobre varios cadáveres, una escena que refleja la crudeza del sistema. Además de las enfermedades, las matanzas entre bandas rivales aumentan la mortalidad; desde 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta 663 reclusos muertos por violencia dentro del sistema. Los familiares denuncian que los presos enfermos permanecen sobre camas a la intemperie, conectados a sondas, mientras el acceso a alimentación y agua se ve restringido, y los militares ejercen control absoluto sobre los pabellones.
El gobierno de Daniel Noboa ha reforzado la seguridad con militares en las cárceles más peligrosas, siguiendo un modelo similar al de El Salvador, pero la violencia y las muertes no han disminuido. Ecuador cerrará 2025 con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica, 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Las restricciones extremas, el aislamiento y la suspensión de visitas familiares generan un clima de desamparo. Las familias reclaman atención médica inmediata, acceso digno a sus seres queridos y denuncian que los cuerpos de los fallecidos se apilan en condiciones indignas.
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“Los queremos vivos”, el clamor de los familiares
El Comité Permanente de Derechos Humanos advierte sobre posibles delitos de lesa humanidad, mientras más del 30% de los reclusos carece de sentencia y la mayoría está detenida por narcotráfico. Billy Navarrete, del CDH, señala que las condiciones de reclusión son inaceptables y requieren acción inmediata. La militarización no ha resuelto la violencia ni las muertes por enfermedades contagiosas, mientras familiares como Kathy Romero insisten: “Queremos abrazar a nuestros hijos, los queremos vivos”. La situación continúa generando alarma y demanda respuestas urgentes del Estado.
