El Gobierno de Aruba aclaró el futuro de más de mil ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por vía marítima, tras los anuncios del ministro Dowers sobre regularización migratoria. Según explicó, estas personas recibieron una oportunidad especial para abandonar la isla de manera voluntaria, inicialmente prevista hasta diciembre, pero ahora extendida hasta el 31 de enero de 2026.
El ministro detalló que quienes salgan voluntariamente dentro del plazo no recibirán prohibición de entrada, lo que abre la puerta a un eventual regreso legal. Esta posibilidad aplica especialmente para quienes ya iniciaron trámites dentro del programa Hunto pa Progreso y se encuentran registrados en el sistema migratorio. Dowers explicó que si estas personas cumplen los requisitos exigidos, como contar con un garante o un contrato laboral, podrán solicitar un permiso de trabajo regular. Aclaró que el regreso no es automático, pero sí viable si se cumplen todas las condiciones legales establecidas por las autoridades.
El ministro reconoció que existen casos particulares que requieren un análisis más profundo, especialmente aquellos que podrían necesitar algún tipo de protección adicional. En esos escenarios, indicó que el Gobierno continúa evaluando opciones y se comprometió a informar cualquier novedad a la comunidad.
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Regularización y control migratorio en el centro de la política
Dowers subrayó que las personas que obtuvieron permisos temporales sin garante cuentan con una vigencia de un año, tiempo durante el cual deben regularizar su situación laboral. Durante ese período, el objetivo es que logren ingresar al mercado formal y consigan un permiso con garante. Lo que les permitiría permanecer más tiempo en Aruba. El ministro fue claro al advertir que quienes no aprovechen ese lapso perderán su estatus legal, y una vez vencido el permiso, deberán abandonar el país. De no hacerlo, pasarán nuevamente a condición irregular, lo que activaría medidas migratorias más estrictas.
El funcionario explicó que la política busca reducir la cantidad de personas indocumentadas, fortaleciendo el orden migratorio y la seguridad social. Añadió que la regularización beneficia tanto al país como a los migrantes, al disminuir el riesgo de explotación laboral.
Sobre el censo, Dowers reconoció dificultades operativas y demoras en las citas, pero aseguró que ya se analizan mejoras técnicas y refuerzos de personal. El ministro admitió que el proceso ha sido más complejo de lo previsto, aunque reafirmó el compromiso gubernamental de optimizarlo.
