La extorsión en Perú sigue siendo un problema persistente que no se resolverá con la actual administración del presidente José Jeri, según advirtió el jefe de las Fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez. El fenómeno, que incluye asesinatos por encargo y amenazas, ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, afectando principalmente a sectores económicos como transporte, comercio y actividades culturales. A pesar de operativos policiales y del estado de emergencia declarado en Lima y Callao, la violencia no muestra señales de ceder.

Chávez afirmó que el combate contra la extorsión no puede depender únicamente de leyes o medidas rápidas, sino que requiere un fortalecimiento integral de la policía, fiscalía, sistema judicial e inteligencia. “Si no se fortalecen, puedes aprobar 50.000 leyes y nada cambiará”, aseguró. La administración de Jeri, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, ha mostrado un liderazgo activo con operativos visibles, traslados de reclusos con estrictas medidas de seguridad y patrullajes militares, una estrategia que fue comparada con las políticas de seguridad en El Salvador.

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Crecimiento de la violencia y sectores afectados

Durante los últimos dos años, las denuncias por extorsión pasaron de 2.396 a más de 25.000 en 2025, reflejando la expansión de bandas criminales, algunas de origen extranjero, como la organización Tren de Aragua. Según Chávez, la violencia se ha intensificado y la extorsión se ha convertido en un instrumento de terror, con asesinatos, quema de propiedades y amenazas que afectan directamente a conductores, comerciantes y artistas. En 2025, más de 50 conductores fueron asesinados, y el fenómeno provocó paros y protestas, evidenciando la gravedad del problema.

El fiscal recordó que la extorsión no es nueva en Perú: comenzó a emerger en 2010, principalmente en ciudades como Chiclayo y Trujillo, aunque sin la violencia actual. La pandemia y la llegada de bandas extranjeras agudizaron la situación, aumentando la peligrosidad y el impacto social.

Chávez insistió en que, pese a que más de 60 organizaciones criminales fueron desmanteladas y se dictaron más de 400 condenas en 2025, estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del fenómeno, y la problemática continuará mientras no exista un fortalecimiento integral del sistema de justicia.