El Parlamento venezolano anunció este martes una profunda reforma de las leyes nacionales en medio de un contexto político transformado tras la caída de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. La propuesta fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que esta iniciativa legal responde a la “nueva realidad” de Venezuela después de los eventos recientes en Caracas.
Según lo indicado por Rodríguez, el plan incluye la creación y modificación de 29 leyes que abarcan distintos sectores de la economía y la sociedad venezolana. Entre estas propuestas están cambios a la Ley de Hidrocarburos, con la intención explícita de atraer inversión extranjera hacia el sector petrolero, considerado estratégico para la economía nacional y para la agenda de colaboración con Estados Unidos.
El presidente del Parlamento explicó que los ajustes buscan garantizar claridad en temas clave como impuestos y regalías, así como proteger los intereses de los inversionistas internacionales en el país. Rodríguez enfatizó que este enfoque está alineado con la visión de promover una economía fuerte que beneficie al conjunto de los venezolanos y no solo a unos pocos sectores.
La agenda reformista también contempla inspirarse en la llamada ley antibloqueo de 2020, una herramienta legal que anteriormente permitió inversiones bajo condiciones especiales para sortear sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Rodríguez no ofreció detalles específicos sobre cada proyecto, pero sí destacó la intención de modernizar el marco jurídico vigente después de años de controles estatales severos y recesión económica.
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Delcy Rodríguez impulsa reformas desde la presidencia encargada
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, asumió temporalmente el liderazgo del país tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense. Desde su despacho, ha impulsado 12 reformas legislativas adicionales para complementar la agenda del Parlamento y responder al contexto económico actual.
Diversos sectores incluidos en la propuesta abarcan áreas como minería, derechos socioeconómicos y propiedad intelectual, así como otros aspectos vinculados a la modernización normativa. El objetivo, según los legisladores oficialistas, es organizar y adaptar las leyes a las necesidades actuales del país, fortalecer la inversión y promover una economía más dinámica y resiliente.
El proceso planteado por la Asamblea Nacional se da en un momento político delicado, marcado por la reconfiguración del poder tras el derrocamiento de Maduro y negociaciones diplomáticas con Washington respecto a asuntos energéticos. Rodríguez reiteró ante sus colegas la importancia de colaborar en la construcción de una economía sólida y una forma de prosperidad humanista que dé beneficios a la mayoría de los ciudadanos.
