El Gobierno español dio un paso poco habitual dentro de Europa al aprobar una regularización extraordinaria que podría beneficiar a medio millón de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos. La decisión rompe con el endurecimiento migratorio aplicado por varios países del bloque comunitario.
La medida fue adoptada en Consejo de Ministros y permitirá que personas sin estatus legal puedan acceder a documentación, siempre que cumplan con requisitos básicos de permanencia, arraigo y conducta. El ejecutivo defendió la iniciativa como una respuesta humanitaria y económica.
Según explicó la ministra de Migraciones, podrán acogerse quienes lleven al menos cinco meses en España, hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes. El proceso administrativo arrancará en abril y se extenderá hasta finales de junio. El plan habilitará a los beneficiarios para trabajar en cualquier sector productivo y en cualquier región del país, integrándose formalmente al mercado laboral. El Gobierno sostiene que la inclusión reducirá la economía informal y fortalecerá la seguridad social.
El presidente Pedro Sánchez argumentó que la migración ha sido clave para el crecimiento económico reciente, aportando empleo, cotizaciones y dinamismo demográfico. España, dijo, necesita mano de obra joven frente al envejecimiento acelerado de la población. Datos oficiales indican que el desempleo cayó por debajo del 10 %, mientras una parte importante de los nuevos empleos fue ocupada por trabajadores extranjeros. Para el ejecutivo, la regularización ordena una realidad que ya existe.
España cuenta con más de siete millones de extranjeros y cientos de miles permanecen en condición irregular, principalmente procedentes de América Latina. El Gobierno optó por aprobar el mecanismo mediante decreto para acelerar su aplicación.
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Regularización divide apoyos y críticas políticas
La iniciativa fue respaldada por organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la Iglesia, que la calificaron como un acto de justicia e integración social. También recuerdan que miles de familias viven y trabajan sin protección legal. Sin embargo, partidos conservadores y de extrema derecha cuestionaron la decisión y afirmaron que regularizar envía un mensaje equivocado sobre la legalidad migratoria. El debate reabre tensiones políticas en torno al modelo de fronteras.
Aun así, el Ejecutivo mantiene su postura y defiende que ordenar la migración con derechos y empleo formal fortalece la economía, reduce abusos y promueve cohesión social en el país.
