La controversia por el calendario oficial encendió el debate político esta semana luego de que el Gobierno intentara mover por decreto el feriado por el Día de Betico, generando desconcierto. El cambio sorprendió a trabajadores, empresas e instituciones públicas, que ya habían organizado horarios, actividades y pagos conforme a la fecha establecida legalmente.

El ministro de Trabajo, Wendrick Cicilia, comunicó al Parlamento que la conmemoración no sería el 5 de enero, sino el lunes 26, alegando respaldo del Consejo. La explicación apuntaba a una decisión adoptada días antes por el gabinete, argumento que de inmediato provocó preguntas sobre sustento jurídico.

La medida produjo caos operativo y frustración ciudadana, especialmente porque implicaba alterar un feriado fijado por ley mediante un simple decreto ministerial, herramienta considerada insuficiente. Comercios, escuelas y oficinas reportaron incertidumbre, mientras distintos sectores exigían claridad sobre la legalidad de lo anunciado.

Dos días después, el propio ministro dio marcha atrás y reconoció que la decisión era legalmente incorrecta, retirando el decreto sin mayores detalles. El retroceso encendió más críticas. Para la Fracción del MEP, el episodio reflejó improvisación y puso en entredicho la seriedad con que se maneja el marco normativo.

Desde la oposición cuestionaron cómo un Consejo de Ministros integrado mayoritariamente por juristas pudo permitir una determinación que luego resultó inviable, sin consultas previas. También señalaron la ausencia de advertencias del área de justicia, encargada de velar por que las resoluciones se ajusten al ordenamiento.

El parlamentario Rocco Tjon calificó el proceso como “gobernación amateur”, al sostener que no puede modificarse un día festivo por capricho administrativo, afectando seguridad jurídica. Añadió que decisiones erráticas dañan la confianza pública y proyectan desorganización institucional en asuntos que deberían ser previsibles.

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MEP exige documentos y explicaciones formales al Primer Ministro

Ante el episodio, la fracción entregó un pliego de preguntas al primer ministro Mike Eman para aclarar si realmente hubo acuerdo del gabinete, qué asesorías existieron y quién avaló la medida. Solicitan agendas, actas, listas de asistencia y todo respaldo documental que permita verificar cómo se tomó la determinación.

Además, piden confirmar si un decreto ministerial puede modificar una ley vigente, por qué no se pidió consejo legal antes de anunciar el cambio y qué correctivos aplicarán. La líder Evelyn Wever-Croes insistió en que la buena gobernanza exige prudencia, conocimiento jurídico y respeto absoluto al estado de derecho.

Finalmente, el MEP advirtió que esperará respuestas en dos semanas y mantendrá informando al público, subrayando que errores administrativos no pueden repetirse. Según la fracción, el manejo del Día de Betico evidenció fallas que deben corregirse para proteger la estabilidad institucional y la confianza ciudadana.