Los familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la muerte de sus seres queridos en un ataque militar en una embarcación en el Caribe. Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, murieron el 14 de octubre pasado cuando un misil estadounidense alcanzó su bote, según la demanda interpuesta.
La demanda por homicidio culposo y ejecución extrajudicial fue presentada el martes ante una corte federal en Massachusetts y es la primera acción legal de este tipo contra EEUU en relación con estos ataques marítimos. La demanda sostiene que los hombres eran civiles que regresaban desde Venezuela a su hogar en Las Cuevas, donde Joseph tenía esposa e hijos, y no mostraban vínculos con actividades del narcotráfico.
Para las familias, los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico no tienen justificación legal ni evidencia pública que respalde las acusaciones de narcotráfico, y describen los hechos como asesinatos premeditados e injustificados.
Los demandantes argumentan que estas acciones carecieron de autorización del Congreso y de procesos legales internacionales, y que la administración estadounidense tampoco presentó pruebas concluyentes sobre la supuesta participación de esas embarcaciones en el tráfico de drogas.
La denuncia fue presentada bajo dos figuras legales: la Ley de Muertes en Alta Mar (High Seas Act), que permite reclamar por muertes injustas en el mar, y el Estatuto sobre Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a extranjeros demandar ante tribunales de EEUU por violaciones de derechos.
Los familiares piden una indemnización que se determinará en juicio, así como que se evalúe la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos por las muertes de Joseph y Samaroo.
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Debate y contexto internacional
La misiva se enmarca en una campaña militar estadounidense que ha llevado a cabo al menos 36 ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico desde septiembre de 2025, y que ha dejado más de 120 fallecidos en el Caribe y el Pacífico, según cifras oficiales del Comando Sur.
Organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) representan a las familias y sostienen que estos ataques podrían violar el derecho internacional al no haberse demostrado el peligro inminente que justificaría uso de fuerza letal.
La acción legal contra la administración busca, además de reparación económica, una revisión judicial que evalúe la legalidad de estos ataques, que han generado críticas y preocupaciones de derechos humanos en la región.
