Durante los últimos meses, Aruba ejecutó uno de los procesos de control y regularización migratoria más amplios de su historia reciente, combinando permisos temporales, plazos extraordinarios y operativos. Desde agosto de 2025, el Gobierno lanzó ‘Hunto pa Progreso’, una política especial destinada a personas indocumentadas que habían ingresado legalmente por el aeropuerto antes del 1 de julio de 2025.

La medida buscaba responder a la escasez de mano de obra formal, ofreciendo oportunidades de empleo regulado y reduciendo la informalidad laboral en sectores productivos. El cálculo inicial proyectaba registrar cerca de cinco mil personas, aunque la respuesta superó las expectativas oficiales desde las primeras semanas.

En la primera vía, dirigida a solicitantes con empleador, DIMAS registró casi 6.100 solicitudes de permisos de trabajo, cifra superior a la prevista por planificación. Más adelante, una cuarta vía permitió inscribirse a personas sin estatus ni contrato, otorgando un permiso transitorio mientras se conectaban perfiles laborales con empresas. Hasta el cierre del año, 1.409 personas adicionales se sumaron bajo esta modalidad, consolidando un volumen de trámites mayor al anticipado por las autoridades. Para gestionar la demanda, DIMAS implementó trayectos administrativos, envió órdenes de pago por correo electrónico y habilitó pagos mediante quioscos.

El organismo informó que hasta mediados de enero del 2026, el 85% de los expedientes ya fue procesado, dejando apenas 15% pendiente mientras se completan verificaciones, chequeos médicos y requisitos finales. Las respuestas incluyen aprobaciones, negativas o constancias VTA, documentos que permiten avanzar hacia la emisión definitiva del permiso correspondiente.

Ingreso marítimo quedó excluido y protestas no cambiaron la decisión oficial

El alcance del programa, sin embargo, no incluyó a quienes ingresaron por vía marítima, ya que la normativa considera ese ingreso como irregular desde el inicio. Este grupo, compuesto mayoritariamente por ciudadanos venezolanos, quedó fuera de los beneficios de flexibilización y no pudo solicitar permisos dentro del esquema.

Ante esa exclusión, más de mil migrantes se concentraron pacíficamente frente a las oficinas de DIMAS, solicitando alternativas para regularizarse sin abandonar la isla. Voceros explicaron que muchos llevan años trabajando, alquilando viviendas y aportando a la economía local, pero carecen de documentos formales. Argumentaron que salir del país resulta inviable por falta de vuelos, ausencia de visados y riesgo de no poder regresar, lo que implicaría perder estabilidad. Incluso propusieron aceptar sanciones administrativas, pagos o trabajos comunitarios, siempre que se les permitiera completar el trámite desde Aruba.

Foto por Noticia Impacto

El ministro de Justicia e Integración, Arthur Dowers, reiteró que la política no puede incentivar ingresos irregulares, manteniendo la misma respuesta tras las protestas. Confirmó que no habrá excepciones y que el Gobierno prioriza orden, seguridad fronteriza y cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Como alternativa, el Ejecutivo estableció una salida voluntaria sin sanción migratoria hasta el 31 de enero de 2026, aplicable a todos los irregulares. Quienes abandonen la isla antes del plazo no quedarán registrados como deportados, lo que abre la posibilidad de regresar legalmente con garante.

Después de esa fecha, los controles se intensificarán con redadas, inspecciones y procesos de deportación, generando restricciones para futuros ingresos al territorio. Con ello, Aruba da por cerrado el capítulo de flexibilización y retoma plenamente su política migratoria ordinaria tras el fin de Hunto pa Progreso.

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Después del 31 de enero, el escenario cambia: Así se han vivido los controles migratorios anteriormente

Con el vencimiento del plazo de salida voluntaria, las autoridades han advertido que retomarán plenamente los operativos de control y detención migratoria, como ocurría antes del proceso de flexibilización. Esto implica redadas en barrios, inspecciones laborales y verificaciones en la vía pública, donde agentes solicitan documentos y trasladan a quienes no acrediten estatus legal.

En años anteriores, estos procedimientos derivaban en detenciones temporales en instalaciones de Guarda Nos Costa en Dakota y otras sedes oficiales, utilizadas como centro de retención. Migrantes y familiares denunciaron que los espacios presentaban condiciones inadecuadas, con colchones colocados directamente en el suelo, áreas reducidas y problemas de limpieza.

Testimonios recopilados por medios de comunicación describían hacinamiento, paredes con humedad, alimentación limitada y falta de condiciones básicas de higiene, lo que generó críticas sobre el trato a las personas retenidas. Algunos aseguraron que permanecían horas o días en espacios cerrados mientras se resolvía su situación.

También se reportaron quejas por presuntos malos tratos y uso excesivo de fuerza durante traslados o custodias, situaciones que incrementaron la tensión entre migrantes y autoridades. Incluso familiares relataron dificultades para comunicarse con detenidos, incluyendo episodios de confrontación con el personal de seguridad.

Ese antecedente explica por qué, para muchos extranjeros en condición irregular, la opción de la salida voluntaria representa una oportunidad para evitar un proceso de detención y deportación forzosa, escenario que el Gobierno insiste en prevenir. Las autoridades sostienen que el nuevo enfoque prioriza el orden y el cumplimiento de la ley, pero dentro de mecanismos administrativos.

Con el cierre de ‘Hunto pa Progreso’ y el endurecimiento de las normas, Aruba entra ahora en una etapa de mayor fiscalización migratoria. El mensaje oficial es claro: quien no regularice o abandone la isla antes del plazo, quedará sujeto a controles más estrictos y procedimientos de expulsión.