La decisión de Estados Unidos de flexibilizar parcialmente el embargo petrolero a Venezuela marcó un giro inmediato en la relación bilateral tras la aprobación parlamentaria de una reforma. El anuncio llegó horas después de que la Asamblea Nacional modificara la ley de hidrocarburos, abriendo la industria al sector privado con menos impuestos.

La medida coincidió con nuevos contactos directos entre Washington y Caracas, liderados por Donald Trump y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder recientemente. Según el Departamento del Tesoro, dejarán de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo de PDVSA y sus socios, siempre bajo contratos sometidos.

Esos acuerdos deberán regirse por jurisdicción estadounidense y pagos depositados en cuentas controladas por Estados Unidos, además de reportar cualquier operación con terceros países. También quedaron excluidas transacciones vinculadas con Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte y con restricciones adicionales hacia China, limitando el alcance global de las ventas.

Rodríguez confirmó la conversación con Trump y Marco Rubio, asegurando que se discutieron inversiones, reapertura aérea y cooperación económica, durante una marcha con trabajadores petroleros. Trump, por su parte, anunció la apertura del espacio aéreo comercial y la reanudación de vuelos bilaterales, suspendidos desde 2019, como parte del nuevo entendimiento.

American Airlines informó que preparará la reactivación de sus rutas hacia Venezuela, mientras Washington insiste en que sus ciudadanos podrán viajar con seguridad. El cambio ocurre tras años de sanciones, desinversión, corrupción y malos manejos, factores que redujeron la producción hasta 300.000 barriles diarios en 2020.

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Aunque el bombeo repuntó a 1,2 millones de barriles en 2025, todavía permanece lejos del pico histórico de tres millones registrado a comienzos de siglo. La reforma legal, aprobada por unanimidad, cede el control estatal de la exploración, otorga mayores garantías privadas y sustituye impuestos por contribuciones reducidas, transformando el modelo heredado.

Nueva etapa para la industria petrolera venezolana

El nuevo marco autoriza contratos directos con empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar crudo sin participación estatal obligatoria, incluso permitiendo transferencias de activos. Además, establece una contribución única de hasta quince por ciento sobre ingresos brutos y regalías máximas de treinta por ciento, definidas caso por caso.

El chavismo impulsa que privados operen en yacimientos vírgenes o “campos verdes”, mientras expertos advierten discrecionalidad del Ejecutivo en cada contrato futuro. Durante la marcha, Jorge Rodríguez afirmó que la ley es “para la historia y el futuro”, y prometió beneficios tras años de dificultades.

Con la flexibilización estadounidense y la apertura interna, Caracas busca atraer capital externo y reactivar su principal fuente de ingresos, en medio de un reacomodo político.