El Ministro de Justicia Arthur Dowers salió a aclarar públicamente el cierre definitivo del programa “Hunto pa Progreso” tras detectar versiones contradictorias que circulaban con fuerza en redes sociales y grupos de WhatsApp. El ministro recalcó que la iniciativa culminó oficialmente y no existe ninguna extensión aprobada por las autoridades competentes hasta la fecha actual.
En su comunicación dirigida a la comunidad, se explicó que el proyecto finalizó el 31 de diciembre, cerrando el periodo extraordinario habilitado meses atrás. Ese cierre marca el fin de los beneficios especiales que habían sido creados como medidas transitorias para determinados grupos migrantes.
También se confirmó que el acuerdo temporal para permitir retornos voluntarios sin prohibición de reingreso dejó de estar vigente, por lo que ya no aplica para nuevos casos. Quienes contemplaban acogerse a ese mecanismo tenían hasta el pasado 31 de enero para hacerlo, lo que supone que quienes lo decidan hacer ahora deben acogerse a las normas establecidas en la legislación migratoria.
La institución enfatizó que el Ministro de Justicia no autorizó ninguna prórroga del programa, desmintiendo categóricamente los mensajes que sugerían una continuidad automática del beneficio. Toda información que indique lo contrario carece de validez oficial, advirtió el organismo en su comunicado público difundido esta semana.
Según detalló Dowers, las cadenas de WhatsApp y publicaciones informales han generado confusión innecesaria, especialmente entre personas que evalúan opciones de regularización o salida voluntaria. Basar decisiones migratorias en rumores puede traer consecuencias legales, por lo que insistieron en verificar cada dato antes de actuar.
Aclaró igualmente que solo permanecen activas dos fases incorporadas como trámites regulares, sin carácter excepcional ni condiciones extraordinarias respecto al marco normativo actual. Estas etapas continúan aplicándose bajo procedimientos habituales, integradas al sistema migratorio ordinario y supervisadas por las dependencias competentes.
Lea también: Venezolanos en Caracas protestan por expulsión de compatriotas en Aruba
Fases vigentes y advertencia institucional
Las medidas que continúan vigentes son: la fase 2, que contempla el derecho al trabajo para casos de reunificación familiar y estudiantes, ofreciendo opciones limitadas dentro de parámetros claramente establecidos por ley. Y la fase 3, que incluye un permiso flexible con una duración máxima de cinco años conforme a requisitos específicos.
DIMAS reiteró finalmente que toda comunicación oficial será publicada únicamente en sus canales institucionales, incluyendo su portal web y plataformas verificadas. La recomendación a la ciudadanía es consultar fuentes formales, evitando compartir información no confirmada que pueda generar expectativas equivocadas o decisiones apresuradas.
