El suroeste de Colombia vivió un nuevo episodio de violencia política que pone en alerta a autoridades y ciudadanos. La senadora Aida Quilcue fue secuestrada el martes junto a sus dos escoltas en su residencia del Cauca, una región marcada por cultivos de coca y controlada por disidencias de la extinta guerrilla FARC. El incidente duró aproximadamente tres horas y media y culminó con la liberación de la legisladora gracias a la intervención de un grupo indígena local. El ejército trasladó a Quilcue a Popayán en un tanque, asegurando su integridad física.
Este episodio se suma a un contexto de amenazas recurrentes contra dirigentes políticos, candidatos y líderes sociales previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo.
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Amenazas y contexto electoral
El pueblo indígena Nasa, al que pertenece Quilcue, está fuertemente amenazado por grupos armados ilegales. La senadora, galardonada con el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, ya había denunciado atentados previos contra su persona. El presidente Gustavo Petro calificó el secuestro como un “grito de guerra” contra los indígenas del Cauca y del país, mientras el mayor cartel del país, el Clan del Golfo, suspendió recientemente los diálogos de paz con el gobierno, aumentando la tensión en zonas de influencia de grupos ilegales.
Por su parte, Petro reveló que sufrió un intento de asesinato mientras volaba en helicóptero la noche del lunes, escapando por horas de la amenaza. Expertos y organizaciones de observación electoral advierten que cientos de municipios están bajo riesgo de violencia en los próximos comicios, en un contexto donde la guerrilla del ELN y otros grupos armados han perpetrado atentados recientes contra senadores y candidatos.
Colombia mantiene una de las tasas más altas de agresiones contra defensores de derechos humanos y políticos, recordando que la violencia histórica del narcotráfico y los grupos armados persiste en la actualidad.
