El gobierno de Colombia declaró estado de emergencia este miércoles por las inundaciones que afectan varias regiones del norte. La medida responde a una temporada de lluvias atípica que ha dejado decenas de víctimas y cuantiosos daños materiales. La emergencia busca facilitar la atención inmediata a las zonas más golpeadas mediante recursos extraordinarios del presupuesto nacional y acciones directas del presidente.
La crisis se centra en departamentos de la región Caribe, especialmente Córdoba, donde los desbordamientos de ríos y represas han dejado a más de 150.000 habitantes con sus viviendas bajo el agua. Según la agencia de atención de desastres, hasta el lunes se habían reportado 18 muertos en todo el país, además de miles de afectados por la pérdida de bienes y desplazamiento forzado. Las autoridades buscan contener la emergencia y reducir el impacto social y económico de este fenómeno.
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Impacto y daños en las regiones afectadas
El decreto de emergencia permite al presidente Gustavo Petro implementar medidas durante 30 días, incluyendo destinar recursos sin autorización del Congreso, y coordinar la asistencia humanitaria inmediata en las zonas más golpeadas. Los ocho departamentos bajo este decreto son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Estas regiones concentran planicies extensas utilizadas para agricultura y ganadería, lo que agrava la pérdida de producción y sustento económico.
Las autoridades calculan que más de 4.300 viviendas han sido destruidas y que aproximadamente 300.000 hectáreas permanecen inundadas. Los ganaderos reportaron la muerte de al menos 1.200 cabezas de ganado, afectando gravemente la economía local. Además, la población sigue enfrentando dificultades de acceso a servicios básicos, transporte y abastecimiento de alimentos, mientras las lluvias continúan y los ríos mantienen sus niveles elevados.
El gobierno mantiene operativos de evacuación y asistencia con apoyo de bomberos, ejército y Cruz Roja. La situación genera alerta máxima, y las autoridades advierten que el pronóstico meteorológico podría prolongar las inundaciones. Esto aumentaría el riesgo para los habitantes y su patrimonio, así como para los sectores agrícolas y ganaderos que sostienen la economía regional.
