El Consejo de Estado ordenó este viernes la suspensión del aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro en diciembre. La decisión se produjo tras recibir múltiples demandas contra la medida y obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, considerando variables económicas como la inflación real y el crecimiento del PIB, en medio de un clima preelectoral y fuerte debate nacional.
El incremento había elevado el salario mensual de 1.623.500 a 2.000.000 de pesos colombianos, convirtiéndose en el mayor aumento del siglo y en una de las banderas sociales del Gobierno. Sin embargo, el sector empresarial y partidos de oposición cuestionaron su viabilidad, argumentando posibles efectos en la inflación, la informalidad y el costo de vida, factores que, según economistas, podrían agravarse si no se ajustan a indicadores técnicos.
La resolución del alto tribunal representa un revés político para el Ejecutivo, que defendió la medida como un avance para la clase trabajadora. A través de su cuenta en X, Gustavo Petro afirmó que suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, insistiendo en que el aumento respondía a criterios de justicia social.
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Reacciones y contexto electoral
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como “surrealista” y respaldó públicamente la postura presidencial frente al fallo del máximo órgano administrativo. Desde el Gobierno se solicitó a las centrales obreras movilizarse en defensa del aumento, elevando la tensión política en un momento clave para el país.
El debate se produce a pocos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo, en las que la izquierda aparece como favorita en varias encuestas. El aumento salarial había sido presentado como una medida emblemática del Gobierno en favor de los trabajadores, especialmente en un contexto marcado por la escalada de la violencia y cuestionamientos económicos.
El Consejo de Estado señaló que el nuevo decreto deberá ajustarse a criterios técnicos, incluyendo la inflación del año anterior y el crecimiento económico, antes de que el incremento pueda aplicarse nuevamente. Mientras tanto, la discusión sobre el impacto fiscal y social del aumento continúa dividiendo al país entre quienes lo ven como un alivio necesario y quienes advierten riesgos macroeconómicos.
