El Gobierno de Venezuela decretó una semana de asueto para empleados públicos y educativos ante la agravada crisis energética que azota al país. Marcada por altas temperaturas y frecuentes racionamientos de electricidad. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que desde el lunes hasta el viernes próximo todos los ministerios y escuelas tendrán días no laborales como parte de un plan nacional de ahorro energético.
Esta medida se produce en medio de un contexto de cortes eléctricos prolongados y demandas récord del sistema eléctrico venezolano impulsadas por una ola de calor.
Rodríguez comunicó la decisión durante una visita oficial a la isla de Margarita, uno de los principales destinos turísticos del país, y explicó que este periodo de asueto se alinea con el tradicional feriado de Semana Santa y busca reducir la presión sobre la red eléctrica nacional. Los servicios esenciales como hospitales, seguridad y suministro de agua quedarán excluidos del asueto para garantizar atención a la población durante toda la semana.
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Crisis energética persistente obliga a medidas extraordinarias
La crisis eléctrica en Venezuela no es nueva y se ha intensificado con el paso de los años debido a una combinación de factores estructurales. La dependencia de la generación hidráulica, fallas de mantenimiento e infraestructura obsoleta han contribuido a apagones y racionamientos frecuentes, lo que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas como reducción de horarios laborales y suspensión de actividades para ahorrar energia
Rodríguez señaló que, en los últimos días, Venezuela registró la demanda eléctrica más alta en años, lo que agrava aún más la situación del sistema. En respuesta, el gobierno ha promovido acciones de conservación, incluyendo el ajuste de aires acondicionados y la desconexión de aparatos no esenciales en hogares y oficinas. Además del asueto, se han sugerido otras medidas para enfrentar la crisis mientras persiste el fenómeno climático y la alta demanda.
Este decreto de asueto se suma a un historial de respuesta gubernamental a la crisis eléctrica que incluye restricciones de horario laboral, suspensión de clases y otros planes de ahorro, todos con el objetivo de mitigar los efectos de una infraestructura que, según expertos, requiere inversiones significativas para estabilizarse y recuperar su capacidad de generación.
