En Aruba, la eficiencia del servicio público está en el centro del debate gracias a la alerta que lanzó el parlamentario Eduard Pieters, de la fracción del PPA. Su frase, “Actualmente, si algo pasa con estas personas, ¿quién asume la responsabilidad?”, sintetiza la preocupación por una falla crítica en el sistema del Censo que afecta directamente la vida de ciudadanos y residentes.
Desde enero de 2026, miles de personas que cumplen con todos los requisitos legales para registrarse en el Censo y acceder al seguro médico del AZV se enfrentan a un sistema digital colapsado. Los intentos de hacer citas terminan con un mensaje que dice: “no hay citas disponibles”. Para Pieters, esto no es un simple error técnico: es un bloqueo total del servicio público.
La frase de la semana refleja la gravedad de la situación, pues no se trata solo de burocracia, sino de salud, seguridad y derechos ciudadanos. Cuando un sistema falla y deja a las personas sin cobertura médica, surge la pregunta inevitable: ¿quién se hace responsable de las consecuencias? Para muchos, este problema va más allá de los extranjeros con permisos de estadía; también afecta a los arubeños, estudiantes y quienes regresan al país, quedando excluidos de servicios básicos que deberían ser garantizados.
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Según Pieters, la raíz del problema está en la falta de coordinación entre ministerios, principalmente entre Justicia y Asuntos Generales. La creciente demanda de permisos de estadía y trabajo no coincide con la capacidad operativa del Censo, creando un sistema sobrecargado y una ciudadanía afectada. “Esto es un ejemplo claro de falta de planificación, falta de visión gubernamental y falta de liderazgo efectivo”, señala el parlamentario.
El llamado del PPA es contundente: el pueblo no debe pagar por la ineficiencia gubernamental. Los ciudadanos cumplieron con la ley, hicieron los pagos correspondientes y siguieron el procedimiento, pero el servicio falla en el momento más crítico. Pieters reconoce la dedicación del equipo técnico del Censo, pero apunta a que el problema proviene de niveles superiores de coordinación política.
La frase de la semana nos invita a reflexionar sobre un principio básico: en un país moderno, la responsabilidad del gobierno no puede ser opcional. Cuando los sistemas que deberían protegernos fallan, el costo no puede recaer sobre quienes cumplen con sus deberes. La pregunta de Pieters no es solo retórica; es un recordatorio de que gobernar significa asumir responsabilidades y garantizar que los servicios públicos funcionen para todos.
