Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bajo acusaciones de terrorismo exigieron este martes su inclusión en una ley de amnistía. Denuncian que muchos casos corresponden a detenciones arbitrarias, presuntamente relacionadas con la figura de los llamados “Tancol”, creada por el gobierno venezolano en 2021. La solicitud fue presentada ante la Asamblea Nacional, donde esperan respuestas tras semanas de incertidumbre y denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

La petición fue impulsada por familiares, activistas y la ONG Surgentes, quienes aseguran que decenas de personas han sido capturadas sin pruebas concluyentes. Las detenciones ocurrieron principalmente en zonas fronterizas como Apure y Táchira, en operativos militares. Según los denunciantes, los acusados habrían sido señalados como terroristas sin vínculos reales con estructuras criminales, lo que ha generado preocupación internacional sobre el manejo de estos procesos judiciales en Venezuela.

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Denuncias de abusos y procesos cuestionados

Uno de los casos es el de Brando Gutiérrez, detenido en 2022 mientras se trasladaba en taxi. Su familia asegura que fue capturado sin justificación y sometido a maltratos físicos, incluyendo golpes y descargas eléctricas durante los primeros días de detención. Tras ser trasladado por varios centros penitenciarios, actualmente permanece recluido en Barinas, mientras su madre continúa exigiendo su liberación y denunciando la falta de asistencia consular.

Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que estos casos podrían constituir “falsos positivos”, donde civiles son acusados sin pruebas para justificar operaciones de seguridad. Según Surgentes, más de 100 personas han sido señaladas bajo la categoría Tancol, aunque solo parte de estos casos ha sido documentada formalmente. La ONG asegura que muchos detenidos son campesinos o trabajadores rurales, sin antecedentes criminales ni vínculos con narcotráfico.

Los familiares también denuncian irregularidades en los procesos judiciales, como expedientes presuntamente manipulados y ausencia de investigaciones transparentes. Algunos detenidos, incluso menores de edad al momento de su captura, han sido condenados a varios años de prisión. Este escenario ha incrementado la presión sobre las autoridades venezolanas para que revisen los casos y determinen responsabilidades.

En medio de este contexto, los familiares insisten en que la amnistía debe incluir a estos detenidos, argumentando que sus casos tienen un componente político. Además, hacen un llamado al gobierno colombiano para que intervenga activamente en la defensa de sus ciudadanos, buscando garantizar sus derechos y condiciones dignas mientras avanzan los procesos legales.