El Tribunal Supremo en Holanda confirmó este 14 de abril la condena contra el exministro Benny Sevinger por fraude, soborno y malversación. La decisión judicial pone fin definitivo al proceso tras varios años de investigación y apelaciones, consolidando la responsabilidad penal del exfuncionario y de dos coacusados vinculados al caso.
El fallo ratifica lo determinado previamente por el Tribunal Común de Justicia, que había establecido la participación directa del exministro en un esquema irregular para favorecer intereses privados. El proceso judicial se desarrolló mediante la revisión de pruebas, apelaciones y recursos de casación presentados por las defensas, que finalmente fueron rechazados por la máxima instancia judicial al considerar que no existían fundamentos suficientes para anular la sentencia.
De acuerdo con el Tribunal, el mecanismo fraudulento consistía en la presentación de solicitudes de derechos de arrendamiento a nombre de empresas sin valor real. Estas compañías, vinculadas a un allegado político del exministro, buscaban obtener derechos sobre terrenos públicos para luego venderlos con altas ganancias, aprovechando decisiones administrativas aceleradas.
El exministro desempeñó un papel clave al aprobar estas solicitudes de manera prioritaria, incluso por encima de otros procesos pendientes. Al hacerlo, evitó que las autoridades evaluaran las solicitudes bajo los procedimientos normales, favoreció directamente a su entorno político y abusó de su posición dentro del gobierno.
Además del fraude, el tribunal confirmó que el exfuncionario aceptó beneficios y regalos de los implicados mientras tomaba decisiones sobre sus solicitudes. Las autoridades calificaron estas acciones como soborno pasivo al evidenciar un vínculo directo entre los beneficios recibidos y las decisiones gubernamentales que adoptaron, lo que comprometió la integridad del cargo.
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Sentencia definitiva y cierre del caso
El Tribunal impuso una condena de 48 meses de prisión, de los cuales 12 meses son condicionales, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años. Los dos coacusados también recibieron penas de prisión por su participación en el esquema, lo que refuerza la magnitud del caso.
“El tribunal desestimó las quejas presentadas en casación porque no plantearon argumentos jurídicos sólidos ni nuevas cuestiones legales relevantes.
Con esta decisión, las condenas quedan firmes y ejecutables, marcando el cierre definitivo de uno de los casos de corrupción más relevantes en Aruba.
