El uso de vehículos eléctricos en espacios públicos en Aruba escaló a un conflicto legal, luego de que el Gobierno iniciara operativos para retirarlos por considerarlos irregulares. La medida, impulsada por el ministro Arthur Dowers, ya enfrenta un proceso judicial.

El 21 de abril de 2026, el ministro de Justicia, Integración, Transporte Público y Energía, Arthur Dowers, anunció nuevas medidas contra el uso ilegal de e-steps, e-bikes y e-scooters en vías públicas.

Como parte del plan, el Gobierno dio a las empresas un plazo para retirar estos vehículos de espacios públicos.

El 29 de abril, autoridades retiraron varios vehículos eléctricos no autorizados en la zona hotelera.

Sin embargo, uno de los operadores presentó un caso sumario contra la decisión del Gobierno. A través de su defensa, solicitó la devolución de los equipos incautados.

Un juez ordenó la devolución temporal de los vehículos. Sin embargo, dejó claro que esta medida no autoriza su uso comercial en la vía pública.

Además, señaló que las autoridades pueden intervenir si los usuarios circulan en espacios no permitidos.

Según el Ministerio, los vehículos no cuentan con registro, seguro ni inspección técnica. Tampoco poseen permisos para operar como negocio.

Las autoridades indicaron que esta situación generó desorden en el tráfico y riesgos para la seguridad vial.

Gobierno insiste en su postura

Dowers afirmó que su decisión no responde a presión política, sino a criterios legales y técnicos.

El ministro señaló que las medidas se basan en recomendaciones de una comisión de seguridad vial integrada por varias entidades del Estado.

Aunque un juez ordenó la devolución temporal de los vehículos eléctricos al operador, la medida no habilita su uso comercial en la vía pública.

En la orden provisional, el tribunal dejó claro que el propietario no cuenta con autorización para alquilar estos equipos sin cumplir con la normativa vigente. Además, estableció que las autoridades mantienen la facultad de intervenir directamente contra los usuarios que circulen en espacios públicos no permitidos.

El caso seguirá su curso judicial el próximo 8 de mayo.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró que mantendrá su postura para restablecer el orden en el tráfico.