En el norte de Honduras, al menos 25 personas, entre civiles y policías, fueron asesinadas el jueves durante dos ataques atribuidos al crimen organizado en las regiones de Trujillo y Omoa. El hecho ocurrió en la madrugada del 22 de mayo en el departamento de Colón y la zona fronteriza con Guatemala, en medio de operativos de seguridad contra bandas criminales.

Las autoridades atribuyen la violencia a enfrentamientos entre grupos dedicados al narcotráfico y al control de territorios agrícolas.

En el municipio de Trujillo, se registró el ataque más letal cuando hombres armados ejecutaron a al menos 19 personas en una zona rural vinculada a disputas por fincas de palma africana. Según la fiscalía, las víctimas serían campesinos y empleados vinculados a una zona en conflicto. En paralelo, en Omoa, cinco policías y un civil murieron en un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes durante un operativo antipandillas en zona montañosa fronteriza.

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Violencia ligada a control de tierras y narcotráfico

En Trujillo, las autoridades señalaron que las bandas criminales operan en medio de disputas por la ocupación de fincas de palma africana y rutas del narcotráfico. De acuerdo con versiones oficiales, estos grupos han tomado control de propiedades agrícolas para financiarse y mantener presencia armada en la zona.

El ministro de Seguridad calificó lo ocurrido como una escena dantesca, señalando que las víctimas habrían sido atacadas con armas de alto calibre. En la zona también se reportaron dificultades para el levantamiento de los cuerpos debido a que familiares trasladaron algunos por cuenta propia.

En Omoa, la policía reportó que el enfrentamiento ocurrió durante un operativo contra estructuras criminales en un sector montañoso. Según el portavoz policial, los agentes fueron emboscados por grupos armados vinculados al narcotráfico en la frontera con Guatemala.

El presidente de Honduras anunció que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia, mientras el Congreso avanza en reformas para endurecer la lucha contra el crimen organizado. Las medidas incluyen mayor participación militar en seguridad y la clasificación de pandillas como grupos terroristas.

Tras el ataque en Omoa, el gobierno suspendió a altos mandos policiales por presuntas fallas en los protocolos del operativo, mientras continúan las investigaciones sobre ambos hechos violentos que han sacudido al país centroamericano.