La fiscalía de Venezuela inició una investigación penal luego de una redada en un establecimiento LGBTIQ+ en el estado Lara, donde fueron retenidos al menos 33 hombres. El procedimiento ocurrió en Barquisimeto, Venezuela, y fue denunciado por organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre posibles abusos policiales. El caso se investiga por presuntos actos contrarios a la ética pública y violaciones de derechos fundamentales.
El operativo se llevó a cabo en un local de entretenimiento LGBTIQ+ durante el fin de semana, cuando funcionarios policiales habrían ingresado vestidos de civil. La acción fue ejecutada en el estado Lara con el objetivo de inspección, pero terminó en retención de decenas de personas, según denuncias de ONG. El hecho es investigado por la Fiscalía tras recibir reportes de irregularidades.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron allanamiento ilegal y extorsión. Según estos reportes, los funcionarios habrían acusado a los presentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”, una figura que no está contemplada en la legislación venezolana.
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Investigación fiscal y posibles responsabilidades policiales
La Fiscalía informó el inicio de una investigación penal y la designación de fiscalías especializadas en derechos humanos y diversidad de género. Cinco funcionarios policiales fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán presentados ante tribunales, como parte del proceso judicial en curso.
De acuerdo con las denuncias, al menos 33 hombres permanecieron retenidos durante varias horas en el operativo, que ha generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos. Los reportes señalan que los detenidos habrían sido expuestos públicamente a situaciones de humillación y discriminación.
Las autoridades investigan si durante el procedimiento ocurrieron actos de abuso de poder, extorsión o violaciones a garantías fundamentales. El Ministerio Público calificó los hechos como presuntos actos contrarios a la ética pública.
El caso ocurre en un contexto donde organizaciones civiles han denunciado reiteradamente episodios de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. El proceso judicial determinará las responsabilidades y posibles sanciones a los funcionarios involucrados en la redada.
