Caso Flamingo: piden 3 años de cárcel para Otmar Oduber en apelación

La Corte de Apelación analiza nuevas penas en el caso Flamingo, uno de los mayores escándalos de corrupción en Aruba.

por | Jun 2, 2026

El caso Flamingo volvió a ocupar el centro de la atención judicial en Aruba este martes, luego de que el Procurador General solicitara en la Corte de Apelación una pena de 3 años de prisión incondicional contra el exministro Otmar Oduber, además de una inhabilitación de 6 años para ejercer cargos públicos. El proceso se desarrolla en Oranjestad, en el marco de la revisión del fallo de primera instancia. El caso está relacionado con presuntos hechos de corrupción, fraude y abuso de función pública durante su gestión como ministro.

La petición del Ministerio Público también incluye solicitudes de condena para otros implicados en el mismo expediente, en una causa que ha tenido un fuerte impacto político y social en la isla. Las autoridades y analistas consideran el caso Flamingo uno de los procesos de corrupción más relevantes en la historia reciente del país, debido a la posición de los acusados y la gravedad de los señalamientos.

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Peticiones del Ministerio Público para los demás implicados

En el mismo proceso judicial, el Procurador General solicitó para otro de los acusados, identificado como Wever, una condena de 240 horas de servicio comunitario o, en su defecto, 120 días de prisión, además de una pena condicional de 6 meses y un periodo de prueba de 3 años. Para el implicado Esser, la solicitud fue de 18 meses de prisión.

El caso Flamingo se originó tras una investigación que se extendió durante varios años y que derivó en una condena inicial, ahora bajo revisión en segunda instancia. La Corte de Apelación deberá decidir si mantiene, modifica o revoca las sentencias previamente emitidas.

El proceso es seguido con atención por la opinión pública y el sector político, debido a sus posibles implicaciones en la percepción de la transparencia institucional y la confianza ciudadana en la administración pública de Aruba. La decisión final podría marcar un precedente en casos de corrupción en el país.


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