El Ministerio Público de Aruba ofreció una salida alternativa a un proceso penal dentro del denominado caso Mero. La propuesta fue presentada este jueves durante una cita con el fiscal a M.E. de Meza y su esposa, quienes son investigados por presuntas irregularidades fiscales ocurridas entre 2009 y 2019. La medida busca resolver el expediente mediante el pago de una suma económica antes de que el asunto sea llevado ante un juez.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por el Departamento de Impuestos (DIMP). El caso salió a la luz durante una evaluación de integridad realizada a comienzos de 2025, cuando De Meza participaba en un proceso de nominación para ocupar un cargo ministerial. Las autoridades examinaron el cumplimiento de obligaciones tributarias correspondientes a años anteriores.

Según la información divulgada, la investigación está relacionada con declaraciones fiscales que presuntamente no fueron completadas correctamente, de forma íntegra o dentro de los plazos establecidos. Estas observaciones llevaron al Departamento de Impuestos a remitir el caso al Ministerio Público para su análisis y eventual actuación judicial.

La revisión formó parte de un mecanismo establecido por ley en 2021. El proceso de evaluación de candidatos a ministros incluye verificaciones fiscales y de integridad para determinar si existen deudas pendientes o situaciones que puedan afectar una eventual designación dentro del Gobierno.

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Una decisión que podría definir el futuro del caso

De acuerdo con las autoridades, la existencia de una sospecha penal dentro de una investigación abierta puede tener consecuencias directas. La normativa impide continuar con una nominación ministerial mientras persistan cuestionamientos relacionados con posibles delitos, situación que afectó las aspiraciones políticas de De Meza durante la conformación del actual gabinete.

Durante la reunión celebrada con la Fiscalía, se presentó a ambos investigados una propuesta para evitar la continuación del proceso penal. El Ministerio Público ofreció a De Meza la posibilidad de pagar 5.000 florines arubeños, mientras que una oferta similar fue realizada a su esposa bajo las mismas condiciones.

Las autoridades indicaron que los dos sospechosos cuentan con un plazo de un mes para aceptar y cumplir con la condición económica establecida. El pago permitiría cerrar el asunto sin necesidad de avanzar hacia una etapa judicial más extensa.

En caso de que la propuesta no sea aceptada o las condiciones no sean cumplidas dentro del período señalado, el expediente será remitido a un juez para que continúe el proceso penal correspondiente. De esta manera, el caso Mero entra ahora en una etapa decisiva que determinará si concluye mediante acuerdo o continúa su curso en los tribunales.