El Congreso de Colombia aprobó en Bogotá una ley que prohíbe la mutilación genital femenina en el país. La decisión fue tomada por el Senado el miércoles 10 de junio de 2026 tras dos años de debate legislativo. La norma busca erradicar una práctica que persiste en algunas comunidades indígenas y que afecta principalmente a niñas recién nacidas. El proyecto ahora queda a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro.
El Congreso impulsó la medida como respuesta a denuncias de organizaciones sociales y de salud que advierten que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos. La aprobación se dio en la cámara alta luego de pasar por ambas instancias legislativas, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adoptar una legislación específica para prohibir esta práctica.
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Una práctica que persiste en comunidades indígenas
De acuerdo con información de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina consiste en la extirpación total o parcial del clítoris y puede generar hemorragias, infecciones, complicaciones severas e incluso la muerte. En Colombia, esta práctica se ha identificado en territorios indígenas como los pueblos embera chamí y katío, en el departamento de Risaralda.
La nueva ley contempla mecanismos de prevención, atención y acompañamiento estatal para las comunidades donde aún se registran estos casos. Según cifras de la ONG Equality Now, entre 2020 y 2025 se reportaron al menos 204 casos, aunque expertos advierten que podría existir un subregistro considerable debido al carácter culturalmente sensible del tema.
Durante el debate legislativo, varias voces indígenas y congresistas rechazaron la práctica. La líder embera Juliana Domicó afirmó que no se trata de una tradición cultural, sino de una práctica nociva que ha causado muertes dentro de las comunidades. En distintas intervenciones en el Congreso se reiteró que el objetivo es proteger la vida y la integridad de las niñas.
En regiones rurales del país, testimonios recopilados señalan que la práctica se realiza en espacios cerrados por parteras tradicionales utilizando elementos rudimentarios, lo que aumenta los riesgos para la salud. Algunas comunidades han considerado durante años este tema un tabú e incluso han normalizado las consecuencias fatales
Con esta decisión, Colombia da un paso significativo en materia de derechos humanos y protección infantil, a la espera de la firma presidencial que convertiría la ley en una herramienta formal para la erradicación definitiva de esta práctica.
