La Defensoría del Pueblo de Aruba encendió las alertas sobre el funcionamiento del proceso de inscripción en el Censo, tras revelar que la población enfrenta serias dificultades para obtener citas en el sistema oficial. La Sra. mr. Jurima Bryson, ya ha enviado dos cartas formales al Gobierno sin recibir respuesta ni acciones concretas, lo que incrementa la preocupación institucional.
Según la funcionaria, la situación refleja un desequilibrio estructural entre la demanda de inscripciones y la capacidad operativa del sistema, lo que estaría impidiendo que los ciudadanos puedan completar el proceso en tiempos razonables. Esto, advierte, termina afectando directamente el ejercicio de derechos básicos.
La defensora advierte que la falta de citas no es un problema aislado, sino una falla sostenida que impacta el acceso de la población a servicios fundamentales. Sin una inscripción activa en el Censo, los ciudadanos enfrentan barreras para acceder a salud (AZV), educación, empleo, servicios bancarios y beneficios sociales, lo que genera consecuencias directas en su seguridad jurídica.
De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la demanda de inscripciones ha aumentado en los últimos meses, impulsada por el crecimiento en la concesión de permisos de estadía. Sin embargo, la capacidad del sistema, tanto en personal como en organización, no ha evolucionado al mismo ritmo.
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Advertencias ignoradas y falta de respuesta institucional
En su segunda comunicación oficial, Bryson reiteró que la problemática está relacionada con la accesibilidad y el funcionamiento del sistema de citas en la Oficina de Censo y Registro Civil, donde numerosos ciudadanos reportan no poder obtener turnos a través de la plataforma en línea.
La funcionaria ha insistido en que la situación vulnera principios básicos de buena administración como la eficacia, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la accesibilidad, lo que debería garantizar el Estado en un sistema público funcional.
La Defensoría del Pueblo propuso una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis, entre ellas la reducción de tiempos de espera, la ampliación de horarios de atención y el fortalecimiento de la capacidad operativa del sistema.
También sugirió la creación de un mecanismo de atención prioritaria para casos urgentes y grupos vulnerables, así como una mayor coordinación entre instituciones como Censo, DIMAS y AZV. Además, pidió implementar un sistema de monitoreo constante para evaluar la efectividad de las soluciones adoptadas.
La Defensoría concluye que un gobierno eficiente debe garantizar que toda persona pueda inscribirse en el Censo en un plazo razonable, condición esencial para acceder a derechos básicos y servicios estatales.
