El Gobierno de Aruba y la Aruba Fair Trade Authority (AFTA) establecieron un nuevo protocolo de cooperación para fortalecer la protección de los consumidores y mejorar el funcionamiento del mercado. El acuerdo fue firmado en Oranjestad el 30 de agosto de 2026 y busca establecer mecanismos más claros para la coordinación entre las instituciones responsables.
El protocolo forma parte de la implementación de la Landsverordening bestuursrechtelijke handhaving consumentenbescherming, legislación que entró parcialmente en vigor el 15 de marzo de 2026. Bajo este sistema, AFTA supervisará el cumplimiento de las normas relacionadas con la protección colectiva, mientras DEACI atenderá las quejas individuales y ofrecerá información, asesoramiento jurídico y mediación.
La nueva estructura pretende diferenciar las funciones de ambas instituciones y, al mismo tiempo, facilitar la coordinación cuando una situación individual pueda revelar un problema que afecte a un grupo más amplio de consumidores.
Uno de los aspectos centrales del acuerdo será el intercambio de información entre AFTA y DEACI, además de la coordinación de acciones, la supervisión y la protección de datos confidenciales. Estos mecanismos buscan permitir una respuesta más organizada ante posibles incumplimientos.
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Consuloket será parte del nuevo sistema
El protocolo también contempla el funcionamiento de Consuloket, una plataforma digital destinada a los consumidores. AFTA tendrá a su cargo el financiamiento y la administración de esta herramienta, mientras DEACI procesará las notificaciones recibidas mediante el sistema.
La cooperación institucional también tendrá un mecanismo de seguimiento. AFTA y DEACI se reunirán al menos cuatro veces al año para evaluar el desarrollo de su colaboración y analizar los aspectos que requieran atención.
Además, ambas entidades evaluarán anualmente el protocolo para revisar su funcionamiento y determinar si necesitan ajustar su cooperación.
El acuerdo busca contribuir a un mercado en el que los consumidores tengan mayor protección y acceso a información confiable. Al mismo tiempo, pretende que los empresarios conozcan con mayor claridad las reglas aplicables y que las autoridades puedan coordinar sus actuaciones.
La iniciativa también vincula la protección del consumidor con el poder adquisitivo, entendido no solamente desde la perspectiva de los precios, sino también desde el acceso a información y la protección de los derechos de quienes participan en el mercado.
Con este protocolo, Aruba avanza hacia un sistema de protección al consumidor que busca combinar atención individual, supervisión colectiva y coordinación institucional, con reglas definidas para mejorar la transparencia y eficiencia del mercado.
