Tres menores de edad murieron durante un bombardeo del Ejército colombiano en el departamento del Guaviare, en la Amazonía del país, ocurrido en la madrugada del jueves. El ataque estuvo dirigido contra integrantes de una disidencia de las FARC que rechazó el acuerdo de paz firmado en 2016.
El operativo se convirtió en el bombardeo más letal ordenado hasta ahora por el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto. Medicina Legal confirmó que nueve de los cuerpos fueron identificados y que tres correspondían a menores.
El Ministerio de Defensa precisó posteriormente que dos de los menores tenían 15 años y otro tenía 16. Con este ataque, ya son diez las personas fallecidas en los dos bombardeos realizados por el Ejército desde el inicio del nuevo gobierno.
Las autoridades señalaron que los fallecidos pertenecían a una estructura disidente de las FARC. El Gobierno sostiene que estos grupos continúan involucrados en actividades relacionadas con el conflicto armado y el narcotráfico.
Tras conocerse la presencia de menores entre los fallecidos, el presidente defendió la operación militar. De la Espriella afirmó que los grupos que reclutan menores deben responder por esas acciones y expresó su respaldo a las operaciones contra organizaciones consideradas narcoterroristas.
El mandatario llegó al poder con la promesa de mantener una ofensiva contra guerrilleros y narcotraficantes. El ataque en Guaviare representa así una de las primeras operaciones de alto impacto de su administración.
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Más bombardeos y preocupación por el reclutamiento de menores
El presidente también confirmó el lunes un tercer bombardeo en la misma zona, esta vez contra otra disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco, uno de los guerrilleros más buscados del país.
Según De la Espriella, ocho integrantes de esa estructura fueron abatidos durante la nueva operación. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si entre los fallecidos había menores de edad.
La presencia de niños y adolescentes en estos operativos genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas entidades advierten sobre el impacto que tienen los bombardeos en menores reclutados por grupos armados, especialmente en zonas con pobreza y escasa presencia estatal.
El reclutamiento infantil continúa siendo un problema en Colombia. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
La situación también se mantiene durante este año. Con corte al 31 de julio, la Defensoría contabilizaba 97 casos de reclutamiento de menores.
El Gobierno, por su parte, sostiene que los menores son utilizados por los grupos armados como combatientes o escudos humanos. La discusión sobre estas operaciones vuelve a poner en el centro del debate la protección de niños vinculados, voluntaria o forzosamente, al conflicto armado.
