Álvaro Uribe negó este viernes haber participado en dos masacres y en el asesinato de un defensor de derechos humanos, al acudir a una indagatoria ante la Fiscalía en Bogotá. El expresidente colombiano enfrenta una investigación por hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento.
La diligencia busca establecer la versión de Uribe sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, en 1997, además del asesinato de Jesús María Valle en 1998. La Fiscalía investiga si el entonces gobernador facilitó o promovió acciones de grupos paramilitares relacionados con estos hechos violentos.
Antes de ingresar al interrogatorio, el político de 74 años rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ha sido responsable de asesinatos. Uribe también volvió a señalar a sus adversarios políticos, a quienes acusa desde hace años de impulsar una persecución en su contra.
La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio los posibles vínculos del exmandatario con estructuras paramilitares. Durante su trayectoria política, Uribe ha enfrentado señalamientos relacionados con estos grupos, especialmente por hechos ocurridos durante los años de mayor violencia en Antioquia.
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Las masacres que están bajo investigación
En El Aro y La Granja, grupos paramilitares asesinaron a campesinos, robaron ganado y destruyeron viviendas. Testigos y víctimas también afirmaron haber observado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevolando y custodiando a los paramilitares durante varios días en El Aro.
La Fiscalía sostiene que la finca familiar de Uribe, Las Guacharacas, habría funcionado como centro de operaciones relacionado con estas estructuras. La investigación también contempla el asesinato de Jesús María Valle, quien había denunciado públicamente las masacres antes de ser asesinado a tiros en Medellín.
El contexto de estos hechos estuvo marcado por una violencia extrema en Antioquia durante los años noventa, impulsada por la presencia de guerrillas, la expansión de grupos paramilitares y el narcotráfico.
Las víctimas llevan años reclamando justicia. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad por omisión en las masacres, y posteriormente también se pronunció sobre la ejecución de Valle.
Uribe ha enfrentado además otros procesos judiciales. En agosto de 2025 recibió una condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno, aunque posteriormente un tribunal de Bogotá revocó esa pena.
Su hermano, Santiago Uribe, fue condenado el año pasado a 28 años de prisión por liderar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Mientras tanto, la defensa del expresidente ha intentado suspender y retrasar la investigación que ahora vuelve a involucrarlo directamente.
