El Gobierno de Aruba y Aruba Birdlife Conservation (ABC) iniciaron un diálogo para buscar una salida al conflicto por la protección de zonas naturales y las actividades turísticas que se desarrollan en ellas.
El encuentro ocurrió un día después de una audiencia judicial, en la que el juez concedió a las partes un plazo de hasta cinco semanas para dialogar e intentar encontrar una solución al caso.
La reunión tuvo lugar el viernes 11 de septiembre y representa el primer encuentro entre el Gobierno y ABC dentro de este nuevo espacio de diálogo abierto tras la decisión judicial.
El conflicto está relacionado con la protección de áreas naturales y el uso de vehículos UTV y ATV para actividades turísticas. ABC ha reclamado mayores medidas de protección frente al tránsito de vehículos motorizados en espacios naturales.
La organización presentó una acción judicial contra el Gobierno y la Fundación Parques Nacionales de Aruba (FPNA), mientras los operadores turísticos han defendido su actividad y cuestionado las restricciones aplicadas en determinadas zonas.
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Cinco semanas para buscar una salida al conflicto
La audiencia judicial se produjo después de varias semanas de protestas y conversaciones entre el Gobierno y los operadores de UTV y ATV, en medio de las diferencias sobre el acceso y uso de determinadas zonas.
Tras la decisión del juez, el Ejecutivo y ABC comenzaron a explorar directamente puntos de coincidencia que permitan avanzar hacia una solución sin perder de vista las distintas posiciones sobre el manejo de estos espacios.
Para el Gobierno, uno de los principales retos consiste en conciliar la protección de la naturaleza con el turismo y la recreación, actividades consideradas importantes para Aruba.
El ministro de Vivienda, Infraestructura, Servicio Interno y Telecomunicaciones, René Herdé, participó en este primer encuentro con ABC, realizado fuera de los edificios gubernamentales.
Las partes acordaron analizar internamente los puntos discutidos antes de continuar las conversaciones. Por ahora, no se anunció un acuerdo definitivo ni cambios inmediatos en las medidas relacionadas con las zonas en disputa.
El plazo otorgado por el juez abre ahora un período de hasta cinco semanas para buscar una solución, mientras Gobierno y ABC evalúan las propuestas y posiciones discutidas durante este primer acercamiento.
