Un tribunal de Marsella condenó este viernes a 13 integrantes de una red de explotación sexual que reclutaba mujeres en Colombia con falsas promesas laborales y las obligaba a prostituirse.

Las penas van desde dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel, por hechos ocurridos en Francia y España. La organización captaba a las mujeres bajo ofertas de empleo en limpieza u hostelería y posteriormente controlaba sus movimientos.

Las víctimas eran alojadas en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y España. Una vez bajo control de la organización, los responsables les confiscaban los pasaportes y les exigían un pago de entrada de 1.500 euros.

Además, las mujeres debían cumplir un “reglamento interior” con castigos y multas. La red también les cobraba alimentos, preservativos y hasta cocaína rosa, cuyo consumo era alentado por los integrantes.

Entre los condenados se encuentran seis ciudadanos colombianos. El principal responsable recibió la pena más alta del proceso, mientras el tribunal estableció diferentes sanciones según la participación atribuida a cada acusado.

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Testimonios expusieron el control sobre las víctimas

Alejandro Lara Quesada, de 38 años, señalado como líder de la organización, fue condenado a 10 años de prisión. Durante el juicio negó las acusaciones y afirmó que las mujeres eran “tratadas como princesas”.

La fiscal cuestionó esa versión y sostuvo que la realidad dentro del denominado Paradise Club era diferente. Según su intervención, las mujeres tenían una supuesta libertad de elección, pero terminaban recibiendo solo una parte de los ingresos generados.

Los testimonios presentados durante el proceso describieron además vigilancia constante por parte de varios hombres. Las víctimas señalaron que eran controladas tanto dentro de los apartamentos como cuando salían a la calle.

Algunas mujeres también denunciaron episodios de violencia durante el tiempo que permanecieron bajo el control de la red. Una de ellas aseguró haber sido víctima de una violación cometida por integrantes de la organización.

El caso llevó al tribunal de Marsella a imponer condenas a los 13 acusados por su participación en la estructura. Las sanciones contemplan desde penas condicionales hasta varios años de prisión efectiva.

La investigación expuso un mecanismo basado en falsas ofertas de empleo, endeudamiento, confiscación de documentos y vigilancia. Las autoridades establecieron así las responsabilidades penales correspondientes dentro de la organización.

El proceso judicial concluyó este viernes en Marsella con la imposición de las condenas. La sentencia recoge los hechos denunciados por las víctimas y las pruebas presentadas durante el juicio.