El Congreso de Colombia aprobó una nueva ley de sometimiento a la justicia para integrantes de grupos armados ilegales. La normativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, establece beneficios penales para quienes abandonen las organizaciones criminales y colaboren con las autoridades.
La medida busca facilitar la entrega de miembros de estructuras armadas que operan en el país. Quienes cumplan las condiciones establecidas podrán recibir reducciones de hasta el 50% en sus penas, mientras que los cabecillas tendrán una rebaja máxima del 30%. Los beneficiarios serán procesados por la justicia ordinaria.
La aprobación representa un cambio en la estrategia estatal frente a las organizaciones ilegales. El nuevo marco deja atrás la política de Paz Total promovida por el expresidente Gustavo Petro, que buscaba alcanzar el desarme de estos grupos mediante negociaciones y diálogos que no consiguieron los resultados esperados.
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Condiciones para acceder a los beneficios
La ley establece que los integrantes de grupos armados deberán cumplir varios requisitos para obtener las reducciones de condena. Entre ellos figuran entregar información a las autoridades, contribuir al desmantelamiento de sus organizaciones y poner a disposición del Estado las armas y los bienes.
También deberán cumplir una pena mínima de prisión en determinados casos y realizar aportes relacionados con la reparación de los daños. Sin embargo, los responsables del reclutamiento de menores de edad quedan excluidos de los beneficios contemplados en la normativa.
Esta exclusión aborda una de las prácticas más graves del conflicto armado colombiano. El reclutamiento de niños y adolescentes continúa siendo una conducta extendida entre distintas estructuras ilegales y representa una de las expresiones más visibles de la violencia que afecta al país desde hace décadas.
La iniciativa también ha generado cuestionamientos desde sectores de la oposición. Sus críticos la califican como “Paz traqueta” y sostienen que podría favorecer a testaferros y responsables del lavado de activos vinculados con las organizaciones criminales.
Por su parte, De la Espriella celebró la decisión legislativa y aseguró en una publicación en X que “la falsa paz total llegó a su fin”. El mandatario defiende una política de mano dura contra grupos financiados por actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
La ley será sancionada este miércoles por el presidente, paso necesario para que entre en vigor y comiencen a aplicarse las condiciones de sometimiento previstas.
