Amnistía Internacional denunció que cientos de personas han muerto en centros penitenciarios de El Salvador y que más de 90.000 detenciones arbitrarias se habrían producido bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2022. Los investigadores presentaron el informe este miércoles y sostienen que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La organización aseguró que las violaciones documentadas ocurrieron como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas, implementada en todo El Salvador mediante un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El reporte fue difundido mientras Bukele se prepara para buscar un tercer mandato en las elecciones previstas para febrero.

Según el informe titulado “Seguridad sin derechos”, al menos 470 personas murieron bajo custodia estatal hasta diciembre de 2025. La organización salvadoreña Socorro Jurídico, por su parte, afirma que la cifra ya asciende a 547 fallecidos y advierte que el número real podría ser considerablemente mayor.

Amnistía Internacional sostiene que muchos de los fallecidos no habían recibido una condena judicial y que existieron casos con lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, además de denuncias relacionadas con violencia física y presunta negligencia médica.

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El informe cuestiona el impacto del régimen de excepción

La organización señaló que las detenciones masivas, las muertes bajo custodia, las denuncias de tortura y las desapariciones forzadas responderían a un patrón sistemático y no a hechos aislados. Según el documento, esta situación justificaría analizar posibles responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

Durante la presentación del informe, representantes de Amnistía Internacional afirmaron que numerosas familias pasaron semanas buscando a sus familiares detenidos. También indicaron que algunas recibieron los cuerpos de sus seres queridos sin una explicación clara sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El reporte también cuestiona la ausencia de investigaciones efectivas sobre las muertes registradas en prisión, asegurando que hasta ahora no se han esclarecido responsabilidades ni se ha garantizado justicia para las víctimas y sus familiares.

Pese a las críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la política de seguridad de Bukele mantiene un amplio respaldo popular, ya que muchos ciudadanos la consideran responsable de reducir la violencia y los homicidios a mínimos históricos en El Salvador. Sin embargo, los organismos defensores de derechos humanos insisten en que la lucha contra la criminalidad debe desarrollarse respetando las garantías fundamentales y el Estado de derecho.