El Gobierno de Aruba avanza en la digitalización de los servicios públicos con el objetivo de simplificar trámites y ofrecer respuestas más rápidas, eficientes y transparentes a la ciudadanía.
La estrategia contempla ampliar los procesos disponibles en línea, pero también mantener la atención presencial para quienes necesiten asistencia, según explicó el ministro de Vivienda, Infraestructura, Servicio Interno y Telecomunicaciones, René Herdé.
La propuesta busca que la tecnología facilite la relación entre ciudadanos y Gobierno. De esta manera, determinados trámites podrán realizarse digitalmente sin que las personas tengan que acudir físicamente a las oficinas para cada gestión.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que no todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones para utilizar herramientas digitales. Las diferencias en experiencia, acceso o facilidad para manejar computadoras pueden convertirse en una barrera para algunos sectores.
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Dos caminos para acceder a los servicios públicos
Ante esta realidad, la visión planteada por Herdé contempla dos vías de atención. Una estará dirigida a quienes puedan y quieran utilizar las plataformas digitales, mientras la otra permitirá recibir asistencia directamente en las oficinas.
El ministro considera que la modernización no debe significar la desaparición de la atención personal. La tecnología debe complementar el servicio público y no convertirse en un obstáculo para quienes requieren ayuda presencial.
La digitalización también implica revisar cómo funcionan actualmente los procesos internos. Según Herdé, colocar un formulario en internet no resolverá el problema si los procedimientos posteriores continúan siendo lentos o innecesariamente complicados.
Por ello, el Gobierno plantea revisar los procesos completos, eliminar obstáculos y mejorar los tiempos de respuesta. La intención es que la modernización tenga un efecto real en la experiencia de los ciudadanos.
El uso de herramientas digitales puede contribuir además a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública. Sin embargo, el enfoque planteado busca combinar esos beneficios con accesibilidad para toda la población.
La estrategia parte de una premisa: no todas las personas utilizan la tecnología de la misma manera. Por eso, mantener alternativas de atención puede permitir que la transformación digital avance sin excluir a quienes todavía necesitan acompañamiento.
El Gobierno reafirma así su intención de continuar invirtiendo en tecnología y modernización. El desafío será lograr servicios públicos más ágiles sin dejar atrás a ningún grupo de la sociedad, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para realizar trámites digitales.
