El caso penal conocido como “New York” volvió a la agenda judicial este lunes, luego de que se entregara formalmente la citación a un sospechoso identificado con las iniciales N.M.Q.C.d.A.. La notificación marca el inicio de la fase de apelación en un proceso que involucra corrupción, abuso de poder y violación del secreto profesional dentro de la función pública.
El expediente judicial reúne a cinco personas condenadas, entre ellas un agente de policía y varios periodistas, por hechos ocurridos entre enero de 2021 y marzo de 2023. Cuatro de los sentenciados decidieron no apelar el fallo, mientras que el Ministerio Público también retiró su propio recurso en esos casos.
Como consecuencia, las sentencias de primera instancia quedaron firmes, lo que permite su ejecución inmediata y libera espacio procesal dentro del Tribunal Común de Justicia. La Fiscalía explicó que esta decisión responde a la limitación de capacidad del tribunal para conocer múltiples apelaciones simultáneamente.
Desde el Ministerio Público se indicó que priorizar estos ajustes permite agilizar procesos penales de mayor urgencia, como casos de violación o asesinato, que requieren una tramitación más rápida. En ese contexto, se optó por informar previamente a los condenados sobre la viabilidad de continuar con apelaciones antes de avanzar.
En el marco de este procedimiento, solo C.d.A. rechazó la sentencia, manteniendo activa la apelación, lo que derivará en una audiencia preliminar fijada para el 9 de febrero de 2026. Durante esa diligencia, el Tribunal evaluará exclusivamente si son necesarias investigaciones adicionales antes de avanzar al juicio de fondo.
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Corrupción, secreto profesional y el debate sobre la libertad de prensa
El origen del caso se remonta a un esquema de filtración de información policial confidencial, en el que un agente permitió el acceso indebido a comunicaciones internas de la fuerza. Dicha información fue compartida con terceros, incluidos periodistas, quienes durante casi dos años escucharon transmisiones reservadas de la radio policial.
En diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia condenó al agente de policía a 16 meses de prisión, con ocho meses condicionales, y a tres años de inhabilitación. Posteriormente, en diciembre de 2024, el resto de los implicados recibió penas de prisión y trabajos comunitarios por corrupción y complicidad.
El condenado que mantiene la apelación, C.d.A., fue sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales 12 son condicionales, además de un período de prueba de tres años.El juez tuvo en cuenta que el acusado ya contaba con antecedentes por hechos similares, cometidos incluso durante libertad condicional previa.
El caso generó una fuerte controversia pública, al involucrar a periodistas y abrir un debate sobre los límites de la libertad de prensa. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se trató de una labor periodística justificada, sino de un beneficio personal y económico.
El juez determinó que no existían condiciones excepcionales que permitieran ampararse en la libertad de prensa para infringir la ley. Durante la apelación, el Tribunal Común de Justicia analizará la prueba de los hechos, la posible existencia de organización criminal y la proporcionalidad de las penas.
