Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal reveló graves violaciones de derechos humanos contra más de 250 venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Ambas entidades afirmaron que las autoridades recluyeron a los deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las megacárceles más controvertidas de la región, donde los sometieron a torturas, abusos sexuales y condiciones inhumanas de detención.

Las investigaciones indican que la mitad de los prisioneros no tenía antecedentes penales, mientras que varios aún estaban tramitando solicitudes de asilo en Estados Unidos al momento de ser deportados. El informe, titulado “Han llegado al infierno”, denuncia que las autoridades salvadoreñas recibieron a los detenidos con violencia y que los guardias los obligaron a permanecer arrodillados durante horas, sin acceso a agua, comida o atención médica.

“Les dijeron literalmente: ‘Han llegado al infierno’, y eso es exactamente lo que vivieron”, aseguró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Explicó que las autoridades golpearon y abusaron sexualmente de muchos deportados desde el momento en que pisaron suelo salvadoreño

El infierno del CECOT

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido por sus estrictas medidas de aislamiento, fue el destino final de cientos de venezolanos trasladados entre marzo y abril de 2025. Las condiciones dentro del penal, de acuerdo con el informe, violan los estándares internacionales de derechos humanos. HRW señaló que las detenciones fueron arbitrarias, sin acceso a audiencias judiciales ni a defensa legal, y que muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

La organización también advirtió que Estados Unidos podría tener responsabilidad indirecta en los hechos, pues financió parte de las deportaciones y coordinó con el gobierno salvadoreño los traslados. “La Administración Trump pagó millones de dólares a El Salvador para detener a venezolanos que luego fueron golpeados brutalmente por las fuerzas de seguridad”, afirmó Goebertus.

Las denuncias apuntan a que esta política de deportación forma parte de un patrón sistemático de violencia carcelaria en El Salvador, lo que constituye, según HRW, una complicidad directa en tortura y desapariciones forzadas.

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Violaciones al derecho internacional y reclamos a EE.UU.

El documento también revela que las autoridades deportaron al menos a 62 venezolanos mientras sus casos de asilo seguían en trámite, a pesar de que ya habían superado la fase de “miedo creíble” ante las autoridades migratorias. Esta práctica viola el principio de no devolución, que prohíbe enviar a personas a países donde corren riesgo de tortura o trato inhumano.

Además, tres deportados afirmaron haber ingresado legalmente a Estados Unidos mediante el programa de Oficinas de Movilidad Segura, diseñado precisamente para proteger a solicitantes de refugio. Sin embargo, las autoridades los trasladaron igualmente a El Salvador.

HRW y Cristosal exigieron investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas para esclarecer las violaciones, así como la suspensión de deportaciones a países con historial de abusos. “Enviar personas a un lugar donde se las tortura no es política migratoria, es complicidad con el abuso”, concluyó Goebertus.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha respondido al informe, ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido comentarios sobre las acusaciones.