Desde el 1 de enero de 2026, entran en vigor nuevas normas del Reglamento de Construcción y Demolición en Aruba, con el objetivo de fortalecer el control gubernamental. El ajuste legal otorga al gobierno mayores poderes para actuar contra construcciones y demoliciones ilegales, así como reclamar los costos de las infracciones a quienes las cometan, asegurando eficacia administrativa inmediata.
Estas normas derivan de un acuerdo firmado el 23 de diciembre de 2025, publicado en el Afkondigingsblad de Aruba, y completan artículos que estaban parcialmente vigentes desde noviembre de 2022. Con estas disposiciones, se busca garantizar la ejecución administrativa, la seguridad jurídica y la reclamación de gastos, brindando claridad a ciudadanos y promotores sobre sus obligaciones legales.
La medida permitirá al gobierno intervenir con firmeza en obras irregulares, imponiendo sanciones y asegurando que los responsables sufraguen los costos necesarios para subsanar cualquier irregularidad detectada. Anteriormente, la limitación de herramientas legales dificultaba actuar eficazmente frente a infracciones de construcción y demolición, generando vacíos en la supervisión de proyectos en todo el territorio.
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Con los nuevos artículos, ciudadanos y empresas tendrán mayor claridad sobre sus derechos y obligaciones, lo que favorece la planificación territorial y reduce conflictos en el desarrollo urbano.
El reglamento contempla requisitos específicos sobre permisos, estándares de seguridad y lineamientos urbanísticos, así como procedimientos claros para reclamar gastos cuando se detecten construcciones o demoliciones no autorizadas. Esto permitirá una relación más transparente entre promotores y autoridades, garantizando que los proyectos cumplan la normativa vigente y evitando irregularidades que afecten al entorno urbano. En resumen, estas normas no solo protegen la capacidad de intervención del gobierno, sino que también aseguran una planificación territorial más ordenada y segura, fortaleciendo la confianza de ciudadanos y empresas en el marco legal de Aruba.
