La Fiscalía de Aruba anunció que los policías implicados en la muerte de A.C. Lanoy fueron formalmente citados. El caso, conocido como Caret, se relaciona con el tiroteo ocurrido el 9 de febrero de 2025, en el que el joven de 19 años perdió la vida tras recibir disparos por parte de un agente. El expediente penal ha sido concluido y compartido con las partes involucradas.

La audiencia preliminar se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre ante el Juzgado de Primera Instancia. En esta primera cita judicial no se abordará el fondo del proceso, sino que el juez determinará si se requiere realizar investigaciones adicionales. La familia del fallecido fue informada oficialmente de los avances por medio de su abogado.

La Fiscalía confirmó que los dos agentes implicados serán procesados por complicidad en homicidio, una decisión que marca un paso importante en la búsqueda de transparencia y justicia en los casos donde interviene la fuerza pública.

Lea también: Joven de 21 años muere tras caer con su vehículo al mar

El uso legítimo de la violencia y su marco legal

En Aruba, la policía ostenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, lo que implica que solo puede ejercerla cuando el objetivo lo justifique y no exista otro medio para alcanzarlo. Este principio, conocido como proporcionalidad y subsidiariedad, está contemplado en el Decreto del Estado sobre el ejercicio de la autoridad y el uso de la violencia.

Según el marco legal, los oficiales están autorizados a usar la fuerza contra personas o bienes únicamente si el propósito es legítimo y el daño causado no supera el beneficio. El uso indebido de esta autoridad puede derivar en violaciones graves a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que cada incidente con consecuencias graves debe ser objeto de investigación formal.

En casos como el de A.C. Lanoy, la Agencia Estatal de Investigación (Landsrecherche) es la entidad encargada de realizar el proceso bajo la supervisión del Ministerio Público (OM), garantizando imparcialidad y transparencia.

Cuando un agente utiliza un arma de fuego, está obligado a reportarlo de inmediato, y un fiscal independiente evalúa si la acción se ajustó al marco legal. Si existen dudas sobre la legitimidad del acto, se abre una investigación preliminar en la que el agente puede ser imputado, aunque no necesariamente detenido. Este procedimiento busca preservar la confianza pública en la policía, evitando que los agentes actúen con temor en situaciones críticas, pero también asegurando que ningún abuso quede impune.

El caso Caret se ha convertido en un referente sobre la rendición de cuentas policial, reabriendo el debate sobre el equilibrio entre autoridad y responsabilidad. La expectativa ahora está puesta en la audiencia preliminar, donde se definirá el rumbo judicial de un proceso que ha conmocionado a la comunidad arubeña.