Un total de 71 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia durante un operativo realizado este jueves en Bucaramanga, departamento de Santander. La medida fue ejecutada por la Alcaldía, la Policía Nacional y Migración Colombia, tras identificar a los extranjeros por presuntas conductas delictivas y alteraciones del orden público.

Según los registros oficiales de la administración local, el grupo acumulaba más de 1.520 anotaciones y señalamientos por diferentes infracciones penales y contravenciones. Entre las conductas reportadas figuran robos, porte de armas blancas, posesión de estupefacientes, riñas callejeras y minería ilegal.

Lea también: Se han reducido en un 61% los feminicidios en Venezuela

Los trasladaron hasta la frontera con Venezuela

El procedimiento comenzó durante la madrugada en un centro de detención transitoria de Bucaramanga. Después de verificar la situación judicial y migratoria de los involucrados, las autoridades organizaron su traslado hacia la frontera venezolana.

Los 71 ciudadanos fueron transportados en tres autobuses hasta Cúcuta, en Norte de Santander, donde fueron entregados a funcionarios venezolanos al mediodía. La recepción se realizó en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los pasos fronterizos entre ambos países.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, defendió la operación y señaló que la administración busca impedir que continúen las actividades que afectan la convivencia ciudadana. También aseguró que su gobierno mantendrá las acciones contra quienes cometan infracciones en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades locales, las conductas documentadas incluían el porte de armas blancas y sustancias estupefacientes, además de enfrentamientos en espacios públicos y faltas de respeto a los funcionarios. Estas situaciones fueron presentadas como parte de los motivos que justificaron la expulsión.

Portilla indicó que, con este procedimiento, la cifra de extranjeros expulsados de Bucaramanga supera los 230 durante 2026, un número que calificó como histórico para la ciudad.

La operación se enmarca en las medidas de seguridad y control migratorio que adelantan las autoridades colombianas frente a hechos delictivos. Sin embargo, la información divulgada no precisa cuántas de las anotaciones atribuidas al grupo corresponden a condenas judiciales ni cuántas permanecen como señalamientos o registros policiales.