Un nuevo informe de la ONG Global Witness alerta sobre la violencia que enfrentan los defensores del medioambiente en el mundo. Segun el documento, durante 2024, casi 150 activistas fueron asesinados o desaparecidos en distintos países.
Cabe mencionar que América Latina es la región más afectada, con el 82% de los casos documentados en 2024. Guatemala aparece en el segundo lugar con 20 víctimas, seguida de México con 19, Brasil con 12 y Filipinas con ocho.
Colombia concentra casi un tercio de esas víctimas. La organización señala al país como el más riesgoso por tercer año consecutivo para quienes luchan por la tierra y los recursos naturales. En territorio colombiano se registraron 48 crímenes, cifra que, aunque menor a la del año anterior, sigue siendo alarmante. El reporte indica que detrás de estas agresiones están disputas violentas entre grupos armados y economías ilegales, principalmente la minería.
En el caso colombiano, los asesinados incluyen agricultores, líderes indígenas y campesinos. El estudio advierte que, además de homicidios, estos defensores sufren acoso, amenazas y persecución judicial por parte de empresas extractivas.
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Voces bajo amenaza constante
La lideresa social Jani Silva, citada en el informe, asegura que ha sido objeto de seguimientos y amenazas durante años. Ha tenido que cambiar varias veces de residencia para proteger su vida. Silva es reconocida por impulsar la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en Putumayo, un espacio clave para la biodiversidad. Ella denuncia la presión de empresas mineras, petroleras y grupos armados que buscan controlar los territorios y rutas del narcotráfico en la región.
“Durante años he sido amenazada, intimidada y objeto de seguimientos constantes”, afirma en el informe la activista colombiana Jani Silva, líder social y campesina en la región selvática del Putumayo (suroeste), muy azotada por la violencia.
En 2024, el Estado colombiano otorgó medidas de seguridad a más de 4.000 personas. Sin embargo, esta cifra solo representa un 31% de las solicitudes recibidas.
Además, el informe también responsabiliza a la ausencia gubernamental en áreas antes controladas por las FARC. Esa falta de presencia estatal ha sido aprovechada por grupos criminales. Organizaciones armadas y estructuras ilegales financian sus operaciones con minería ilícita, narcotráfico y otras actividades extractivas, lo que aumenta los riesgos para quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
El sector más letal fue la minería, con 29 ataques registrados. De las víctimas colombianas, 20 eran campesinos y 19 pertenecían a comunidades indígenas.
Incluso figuras de alto nivel han sido blanco de violencia. La actual vicepresidenta, Francia Márquez, sobrevivió en 2019 a un atentado con granadas y ráfagas de fusil por defender el agua en su comunidad.
La organización insiste en que la protección es insuficiente y que los defensores ambientales siguen trabajando bajo un clima de miedo e intimidación constante.
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