El Congreso de Perú aprobó este miércoles una extensión de un año para la formalización de la minería artesanal, luego de semanas de protestas protagonizadas por trabajadores del sector. La medida permitirá a los mineros inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, evitando el vencimiento previsto a finales de 2025
Durante la sesión legislativa, los parlamentarios votaron en segunda y definitiva instancia, respaldando el dictamen que amplía el proceso de regularización, según informó el Congreso a través de X. Fuera del Parlamento, en el centro de Lima, decenas de mineros se concentraron con cascos azules y blancos, mostrando su respaldo a la decisión y exigiendo el cumplimiento efectivo. En Arequipa, la protesta fue más intensa, con bloqueos en la Panamericana, piedras y neumáticos en llamas, lo que reflejó la presión social que enfrentaba el Legislativo este miércoles.
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Formalización y desafíos de la minería artesanal en Perú
Perú, segundo productor latinoamericano de oro y tercer proveedor mundial de cobre, mantiene tres modalidades de minería: formal, informal en proceso de legalización y ilegal, esta última vinculada al crimen organizado. Se estima que unas 300.000 personas dependen de la minería no formal, según datos de la fiscalía ambiental, lo que hace crítico el cumplimiento de los plazos de Reinfo.
El Reinfo, establecido en 2016, busca combatir la minería ilegal y regularizar a los pequeños productores, aunque hasta ahora apenas una minoría se ha inscrito, según denuncian los propios trabajadores. Los mineros artesanales argumentan que las normas estatales son difíciles de cumplir y favorecen a las grandes empresas, generando desigualdad y descontento en el sector.
Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería, celebró la extensión: “Nos han dado un año más para trabajar, ahora esperamos que el gobierno promulgue la ley”, declaró a medios locales. Sin embargo, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, criticó la medida y calificó al Reinfo como un “régimen fallido y un escudo a la ilegalidad”, argumentando que permite evadir fiscalización estatal. La decisión del Congreso refleja un intento por equilibrar la presión social de los mineros artesanales y las exigencias de regularización ambiental y legal en el país.
