El Congreso de Perú inició este martes una sesión extraordinaria para debatir la destitución del presidente interino José Jeri, investigado por presunto tráfico de influencias en dos casos. Jeri, de 39 años, asumió la presidencia el 10 de octubre tras reemplazar a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago. La moción cuenta con 78 firmas de congresistas que exigen su remoción antes de las elecciones generales del 12 de abril, argumentando inconducta funcional y falta de idoneidad. La sesión comenzó a las 10:00 a.m. y se prevé que dure varias horas.

La presión sobre Jeri se intensifica debido a su vinculación con investigaciones fiscales abiertas en enero, que incluyen su participación en reuniones con empresarios chinos y su presunta influencia en contrataciones gubernamentales. El presidente interino ha defendido su gestión y aseguró:
“No he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para ejercer la presidencia.”

Sin embargo, la oposición de izquierda y varios partidos de derecha buscan acelerar su destitución, argumentando que esto reforzará la transparencia institucional y la credibilidad del Congreso.

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Crisis institucional y contexto electoral

Analistas políticos advierten que la destitución de Jeri no resolverá la profunda crisis institucional que enfrenta Perú, caracterizada por relevos presidenciales frecuentes y sospechas de corrupción generalizada.

Augusto Álvarez, director de un medio digital, señaló que la rapidez en la tramitación está vinculada a la campaña electoral, donde más de 30 candidatos presidenciales compiten y algunos buscan capitalizar el desgaste de Jeri. Entre ellos, Rafael López Aliaga ha sido el más enfático en pedir su salida, acusándolo de operar con grupos chinos en Palacio, mientras que el embajador de Estados Unidos en Lima defiende la continuidad del presidente interino para garantizar estabilidad.

Luego de iniciar con casi 60% de aprobación, la popularidad de Jeri cayó a 37% tras conocerse las investigaciones fiscales. La situación de Jeri evidencia la fragilidad política de Perú y el entrelazamiento entre procesos judiciales y presiones electorales, que mantienen al país en vilo.