Con el inicio de enero, el Gobierno de Aruba confirmó el paso a una nueva etapa en su política migratoria, luego del cierre definitivo del proceso de regularización Hunto pa Progreso. El ministro Dowers explicó que el programa concluyó el 31 de diciembre, marcando el fin de una fase excepcional para personas indocumentadas que buscaban normalizar su estatus en la isla.

De acuerdo con el ministro, quienes no lograron regularizar su situación aún tienen una última ventana para salir del país sin consecuencias migratorias severas. Las personas que abandonen Aruba de manera voluntaria antes del 31 de enero de 2026 no recibirán una prohibición de ingreso, lo que les permitiría solicitar un permiso y regresar legalmente en el futuro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Dowers subrayó que esta opción busca ofrecer una salida ordenada y humana, especialmente para quienes permanecen en condición irregular por temor a regresar a sus países de origen. En ese contexto, reconoció que la situación en Venezuela influyó en la decisión de muchos migrantes de no abandonar la isla, aunque insistió en que mantenerse en Aruba de forma ilegal no resulta conveniente a largo plazo.

El ministro también se refirió a rutas migratorias alternativas que, según datos recientes, no están ofreciendo resultados positivos, como las solicitudes de asilo en Europa. Señaló que las probabilidades actuales de obtener asilo son mínimas, por lo que recomendó optar por procesos laborales formales, con contratos y garantes, como la vía más realista para una estadía legal.

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Controles administrativos y físicos desde febrero

A partir del 1 de febrero, las autoridades iniciarán controles administrativos y físicos en distintos puntos del país. Estos operativos no solo estarán dirigidos a personas indocumentadas, sino también a negocios y propietarios que faciliten o mantengan situaciones de ilegalidad, ya sea mediante empleo informal o alojamiento sin respaldo legal.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la corresponsabilidad, recordando que alquilar o emplear extranjeros exige contratos y verificación de documentos, como parte de un esfuerzo integral por restablecer el orden migratorio y garantizar el cumplimiento de la ley en Aruba.