El Gobierno de Aruba fue cuestionado por el parlamentario Dangui Oduber, a través de un comunicado, luego de presentar el presupuesto 2026 de Obras Públicas con una asignación de solo 3,5 millones de florines para asfalto, a pesar de contar con un superávit nacional de 500 millones. La discusión se dio durante la presentación oficial del Ministerio de Obras Públicas, donde se esperaba un mayor enfoque en infraestructura vial, especialmente por el deterioro de las carreteras en el país.
La cifra generó sorpresa entre legisladores debido a la diferencia entre los recursos disponibles y la inversión aprobada, en un contexto donde la movilidad se ve afectada por vías en mal estado. Calles con baches, caminos sin pavimentar y daños constantes en vehículos forman parte de las quejas recurrentes de la población, según lo expuesto en el debate parlamentario.
El punto más polémico fue la reducción de fondos previamente anunciados para asfaltado, que pasaron de 18 millones a 3,5 millones de florines, tras cambios administrativos en el nuevo gobierno. Las autoridades justificaron la decisión como parte de una nueva política presupuestaria tras el cambio de gestión, lo que abrió discusión política.
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Recorte de inversión vial enciende debate sobre prioridades del Estado
El presupuesto anterior contemplaba 18 millones de florines para mejoras en carreteras, según una presentación realizada en 2025 por Obras Públicas, antes del cambio de administración. Sin embargo, el nuevo plan fiscal eliminó ese monto y lo sustituyó por una asignación significativamente menor, lo que marcó el centro de la controversia.
Con el nuevo presupuesto, el país destinará únicamente 3,5 millones de florines al asfalto en 2026, cifra que limita el alcance de obras viales. De acuerdo con las estimaciones técnicas mencionadas en el debate, ese monto cubriría una extensión reducida de carreteras frente a la demanda existente, lo que ha generado preocupación.
La discusión se intensificó debido al contraste entre la solidez financiera del país y la baja inversión en infraestructura básica, especialmente en carreteras. Mientras el Gobierno resalta su superávit y estabilidad económica, sectores críticos cuestionan la falta de impacto directo en la calidad de vida de la población, particularmente en movilidad.
El tema continúa en debate político mientras crece la presión para aumentar la inversión en infraestructura vial, considerada esencial para el desarrollo del país. La decisión ha reabierto la discusión sobre las prioridades del gasto público, en un contexto de recursos elevados, pero beneficios percibidos como limitados por la ciudadanía.
