El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que eliminará la Consejería Presidencial para la Paz cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto. La decisión fue anunciada este lunes en Bogotá como parte de una reestructuración institucional y de un cambio en la política frente al conflicto armado.

De la Espriella explicó que la medida responde al fracaso, según su criterio, de los diálogos impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo aseguró que suspenderá las negociaciones con organizaciones ilegales porque considera que no lograron el desarme esperado ni fortalecieron la seguridad ciudadana.

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Nuevo enfoque priorizará seguridad y reorganización del Estado

A través de un mensaje divulgado en redes sociales, el presidente electo afirmó que en su administración no existirán más procesos de “falsa paz”.Sostuvo que el objetivo será fortalecer la seguridad de la población y desmontar lo que calificó como un sistema de impunidad relacionado con las actuales negociaciones.

La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz hará parte de una reforma administrativa más amplia dentro de la Presidencia de Colombia. Según lo anunciado, más de 200 cargos serán suprimidos con el propósito de reducir el gasto público y reorganizar funciones institucionales.

De acuerdo con el mandatario electo, la reestructuración permitirá generar un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos colombianos. Algunas responsabilidades que hoy desempeña la Presidencia serán trasladadas a ministerios como Interior y Defensa para mantener la ejecución de diferentes funciones gubernamentales.

Semanas antes de este anuncio, De la Espriella ya había fijado un plazo de un mes para que los grupos armados ilegales se sometieran a la justicia. También reiteró que durante su mandato no aceptará concesiones que, según afirmó, comprometan la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales.

Otro de los puntos que mantiene dentro de su agenda es la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante la campaña presidencial, calificó este mecanismo, creado tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, como un tribunal que actúa con criterios asimétricos.

Las declaraciones anticipan un cambio profundo en la política de seguridad y paz de Colombia a partir del próximo 7 de agosto. Ahora se espera que el nuevo Gobierno detalle cómo implementará estas reformas y cuál será el papel de las instituciones encargadas del conflicto armado interno.